DEL BATALLÓN 601 AL DESMANTELAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Garré es “Chichita Copello” y no la “Comandante Tere”

En varios sitios de Internet se señala que Nilda Garré, la flamante Ministro de Seguridad, actuó en la guerrilla tucumana con el nombre de guerra de “comandante Tere”.

Esto es totalmente falso, porque nunca tuvo en sus manos un FAL ni menos aún perteneció al Ejército Revolucionario del Pueblo.

Garré era conocida como “Chichita” Copello, por su matrimonio con Roberto Copello.

Se recibió muy joven de abogada y entró a trabajar con la máxima categoría como asesora del entonces Ministro del Interior, Guillermo Borda, de la mano de la hija de éste, María.

Durante la llamada “Revolución Argentina”, trabó relación con el entonces jefe de la SIDE, el general Héctor Señorans. Cuando Borda renunció, lo sucedió el general Francisco Imaz.

Allí Chichita Copello empezó a contactarse con un grupo de nacionalistas católicos integrado por Fernando Abal Medina, Mario Firmenich, Gustavo Ramus y Norma Arrostito.

Posteriormente, éstos fueron teledirigidos por Imaz y Señorans para asesinar el Teniente General Pedro Eugenio Aramburu, operación que llevó el sello de Montoneros.

El grupo estaba a esa altura estrechamente vinculado al cristianismo revolucionario que orientaba el cura colombiano Camilo Torres. Pero antes de eso se habían destacado como devotos nazi-fascistas en el Nacional Buenos Aires.

Viamonte y Callao

Tal vez tanto estar cerca de altos jefes militares y de operaciones de inteligencia hizo que Chichita Copello ingresara finalmente como personal civil de inteligencia (PCI) al Batallón 601, en la calle Callao y Viamonte, sin dejar de asesorar al Ministerio del Interior.

En aquellos tiempos castrenses, la vinculación con los servicios de inteligencia no sufría -como ahora- condena social alguna y era frecuente que gente vinculada a los niveles más altos del poder pidiera ingresar a algún organismo secreto.

La hoy ministro formó también pareja por esta época con Juan Manuel Abal Medina, hermano de Fernando, que cayó muerto en combate en la localidad de William Morris, en el partido actual de Hurlingham.

Gracias a su pareja, Garré fue Diputada Nacional y en 1975 formó el Grupo de los Ocho para apoyar el golpe que se venía para marzo de 1976. Sus relaciones militares le permitieron sin dificultad llevarlo a Juan Manuel Abal Medina a que se exiliara en la embajada de México.

Luego siguió su vida normal y durante todo el proceso nunca fue molestada en lo más mínimo.

Sobre el final de la “sangrienta dictadura de Bignone y Nicolaides”, se infiltró en el entorno de don Vicente Saadi y con él siguió durante el alfonsinismo, del que obtuvo dos registros del automotor que, como todo el mundo sabe, son muy rentables.

A sus íntimos ella les aclaró que los registros eran para asegurar el futuro de sus hijos.

Todo muy loable, si no se tratara de una prebenda para unos pocos privilegiados.

La pregunta del millón es cómo Chichita Copello -como se la conocía en la inteligencia militar- desmanteló las Fuerzas Armadas en los últimos cinco años.

Tal vez fue decisiva en su determinación la influencia de Horacio Verbitsky, quien también era un converso, porque quería borrar su pasado como PCI de la Fuerza Aérea en la época de Onganía y también durante el proceso militar.

Verbitsky orquestó un atentado contra el general Jorge Rafael Videla cuando era Comandante en Jefe del Ejército. Meses después, Videla se convirtió en Presidente de la República y un año más tarde, en marzo del 77, Verbitsky caminaba por la Capital Federal como cualquier hijo de vecino.

La relación entre el fallido atentado, la condición de doble agente de Verbitsky y la protección que tuvo después explicaría todo.
Así es que Chichita Copello le respondió a Verbitsky dejándole manejar el “Veraz” de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Es decir que él tiene la potestad de decidir quién asciende y quién no.

Pero lo curioso es que Garré, este último año, ascendió a generales a cuatro coroneles de la especialidad de inteligencia -todo un exceso- y promovió como Subjefe del Ejército al general César del Corazón de Jesús Milani, un especialista de esa área que también -caso inédito- retuvo al mismo tiempo la función de Director General de Inteligencia.

Guillermo Cherashny

LAS FARC YA ESTAN EN LA ARGENTINA

EL LLAMADO DE LA ULTRAIZQUIERDA LATINOAMERICANA A LA CONTINENTALIZACIÓN DE LA LUCHA ARMADA

Según la inteligencia colombiana, las FARC ya están en Argentina

Militante chileno del Partido Comunista de Chile, Manuel Olate, hoy sometido a procedimiento judicial para resolver su posible extradición a Colombia.

Ante la arremetida de la Fuerza Pública colombiana contra las FARC, el grupo narcoterrorista se encuentra en la tarea de construir una guerrilla de carácter continental.

Según Inteligencia Militar ya existe presencia de las FARC en Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Argentina y Paraguay y contactos formales en cuento a adiestramiento militar a grupos subversivos de otros países.

Por otra parte, el Comandante General de las Fuerzas Militares Almirante Edgar Celys dio a conocer el nuevo método empleado por las FARC en el uso de explosivos y minas, colocadas en árboles con el objetivo de accionarlas sobre las cabezas de uniformados y civiles.

Así mismo, en la noche de Navidad, Pedro Olivero Guerrero, alias Cuchillo, conocido como el asesino de asesinos al contabilizársele más de tres mil asesinatos como cabeza de uno de los más sanguinarios grupos paramilitares, murió al intentar huir del cerco policial.

En la operación se emplearon 19 helicópteros, 3 aviones plataforma y 200 comandos especializados de la Policía Nacional, que fueron recibidos con fuego nutrido de ametralladoras M-60.

También fueron capturados su jefe de finanzas y seis terroristas más. El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de U$2.5 millones de dólares por su captura.

En otra operación fue abatido el jefe de seguridad del máximo comandante de las FARC Alfonso Cano, alias el Toro, quien era, además, instructor en la escuela de entrenamiento de guerrilleros, junto a él se produjeron dos capturas más y otra baja.

Por su parte Caracas entrego a la justicia colombiana a alias Tulio, segundo al mando del frente norte del ELN quien, además de tener 13 órdenes de capturas vigentes, había sido condenado a cuarenta años de cárcel.

Este hecho fue resaltado por el Gobierno colombiano tras restablecer relaciones bilaterales y crear agendas de cooperación en varios frentes, incluyendo el de seguridad.

En el balance que entrega el Comando del Ejército de su gestión en 2010 muestra como resultados lo intenso de las operaciones ofensivas contra todo tipo de generadores de violencia, de esta forma se informo de 7.248 terroristas y delincuentes de las FARC, ELN y Bandas Criminales dejados fuera de combate ( 1.690 desmovilizados, capturados 5.045 y muertos en combate 513), así mismo, en el desarrollo de estas operaciones se han neutralizado 292 cabecillas de mando medio, fundamentales en la estructura terrorista de las FARC. 305 hombres del Ejército perdieron la vida en cumplimiento del deber.

Estas operaciones se desarrollaron en no menos de 1.200 combates que además permitieron la destrucción de 863 instalaciones guerrilleras, muchos de ellos usados como laboratorios para el procesamiento de cocaína, y la incautación entre otras armas de 27 ametralladoras, 518 morteros, 1.512 fusiles de asalto, 74 carabinas, 45 subametralladora, 762 pistolas, 805 revólveres, 343 escopetas, 66 lanzagranadas, 13 lanzacohetes, 6.174 granadas de fragmentación, 903.309 proyectiles, 1.648 equipos de comunicación, 2 aeronaves, 6 lanchas rápidas, 26 botes, 2 canoas, 389 automotores, 293 motocicletas, 43 toneladas de explosivos. La información de Inteligencia permitió evitar 2.658 acciones terroristas, se destruyeron 22.207 artefactos explosivos y se intervinieron 184 campos minados, así como seis carros bomba.

De igual forma se rescataron 14 personas víctimas del secuestro.

Cuatro hechos fundamentales marcaron el éxito de las operaciones militares en Colombia, la Operación Camaleón, que permitió el rescate de tres oficiales de la Policía Nacional y un suboficial del Ejército secuestrados hacia doce años, la Operación Sodoma, que tras un bombardeo y asalto aéreo termino con la vida del jefe militar de las FARC, Jorge Briceño Suárez, alias el Mono Jojoy, el 20 de Noviembre la Operación Némesis bombardeaba el campamento de otro de los jefes del Secretariado de las FARC, alias Fabián Ramírez, habría sido dado de baja, su cuerpo no fue encontrado ya que producto del bombardeo tuvo lugar una avalancha sobre la zona, donde quedaría sepultado su cuerpo tras haber sido destrozado por la explosión de las bombas, según el testimonio de los terroristas sobrevivientes y hallazgos de su maletín y pistolas que nunca abandonaba.

Y finalmente la noche del 24 de diciembre murió, intentando huir, uno de los peores criminales del país, y jefe de una de las bandas emergentes de paramilitares en Colombia, tal como se menciona anteriormente.

En un giro inesperado en la percepción que en América Latina se tiene de las FARC, donde ningún gobierno los ha declarado como grupo terroristas a diferencia de lo hecho por la Unión Europea y los Estados Unidos, la Cámara de Diputados de Chile aprobó con 39 votos a favor y dos en contra el proyecto de acuerdo para declarar a las FARC “organización terrorista”, esta decisión fue tomada por iniciativa de los parlamentarios que tras revisar informes entregados por Bogotá a Santiago revelaron viajes de comuneros mapuches a campamentos de esta organización narcoterrorista.

Esta maniobra de Bogotá forma parte de la información entregada a gobiernos de diferentes países, con base en información extraída del ordenador del abatido jefe militar de las FARC, donde se instruye a cuadros de la organización a llevar el negocio del secuestro a otros países.

Bogotá y Lima iniciaron en el marco de la operación Colper Amazonia 2010 maniobras terrestres, aéreas y fluviales tendientes a neutralizar al Bloque Sur de las FARC, para dicha misión se han desplegado siete unidades fluviales entre Cañoneras, Patrulleras Fluviales Pesadas y Livianas, tropas de la Sexta División del Ejercito y el apoyo aéreo del Comando Aéreo de Combate Nro. 6 del lado colombiano.

Así mismo Londres ha firmado con Bogotá un acuerdo para asesorar en Inteligencia a comandos colombianos dedicados a la lucha antinarcóticos.

(Intelligence, Defense, Security Service)
Informador Público

SI EL PRESO ES UN SER HUMANO…

Me refiero sólo a los aspectos del asunto de que se informa seguidamente.

El 24 de diciembre ppdo., con el patrocinio letrado del Dr. Luis Daniel de Urquiza, fue presentada una denuncia penal contra el juez federal subrogante Dr. Raúl Daniel Bejas y otros órganos judiciales, imputándoles responsabilidad en el fallecimiento el día 25 de mayo de 2010 del general de brigada (r.) Alberto L. Cattáneo.

La acción es ejercida por el señor Luis A. Cattáneo, hijo del extinto.

El general Cattáneo venía siendo objeto de un proceso judicial en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Tucumán a cargo del citado Dr. Bejas, acusado de delitos cometidos presuntamente en el curso de la represión contra la guerrilla marxista que ordenara el gobierno constitucional de Isabel Perón durante 1975 (Causa : “Arsenal Miguel de Azcuénaga”).

Fue detenido en la Capital Federal mientras estaba internado en el Hospital Militar Central reponiéndose de una operación a cielo abierto (by-pass) por una grave afección cardiovascular.

Por entonces contaba con 77 años de edad; el informe médico pertinente fue formulado el 11 de mayo de 2006, cuando su traslado a Tucumán.

En definitiva, el señor Cattáneo murió mientras estaba preso.

Vale recordar al respecto que el “bloque de constitucionalidad” argentino (tratados, constitución, leyes fundamentales) establece normas muy precisas de protección a las personas .

Ante todo la presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso:

“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. . .

Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”. (Art. 18 CN). Lo prescribe con todas las letras el inc. 2 del art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Costa Rica, 1969)...

Y para los que se encontraren en la situación en que estuvo el Sr. Cattáneo la misma cláusula establece una restricción inexcusable:

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de los que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

Bien se ha dicho que en una democracia “el preso es un ser humano” (A. Beristain) y que es fundamental el respeto “de la personalidad humana de los recluidos”. (ídem, p. 25- Reglamento del SIP español), y como tal cabe entender que dicha protección jurídica se refiere tanto a su entidad física cuanto a la de carácter psico-espiritual.

Ello es mucho más que la simple idea de un calabozo bien barrido e incluso batido con agua y un desinfectante; siendo esto importante, lo de “sanas y limpias” del art. 18 CN aluden, igualmente, a unas condiciones de detención donde se contemple al ser humano como sujeto de dignidad y portador de valores morales en sentido amplio.

Por eso todo lo que ignore y altere sin necesidad esa dimensión de la persona sujeta a detención implica una indudable violación al mandato de la Constitución y de los Tratados de derechos humanos incorporados por la Reforma de 1994. Por ejemplo:

“Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas”. (Art. 10 - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

En 1955 y, posteriormente, en 1998, las Naciones Unidades establecieron bases normativas respecto al tratamiento de las personas sometidas a detención; en la Resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988 se prescribió que “toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión, será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

También que “ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. (Asamblea General – ONU). Ídem inc. 2 art. 5 CADH.

Con esta guía o inspiración en la Argentina la Ley 26472/2009 modificatoria de la Nº 24.660 (art. 32) estableció que:

“El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria:

a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;

b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;

c) Al interno mayor de setenta (70) años; etc.

Sobre el caso a que aludimos, y conforme a la querella planteada por el señor Luis A. Cattáneo, surge que a su padre, el extinto general Cattáneo, mientras estuvo preso, se le negó el derecho de permanecer en su domicilio dada la grave situación de salud por que atravesaba.

El juez fundamentó su negativa en que el procesado podía “darse a la fuga” y con ello obstaculizar el desarrollo de la causa.

En verdad cuesta tomar en serio tal argumento, decididamente pretoriano en el peor sentido del término; porque es muy difícil (¡imposible...!) maginar al desfalleciente prisionero lanzado a la carrera o escalando paredones para eludir las manos del juez Bejas.

Pero aún en la hipótesis de que hubiera habido sospechas de un eventual comportamiento del procesado, lo razonable era disponer -cuando aún se estaba a tiempo de prevenir su muerte- un control “a la vista” de sus movimientos, y no llevarse por delante, con una medida degradante, la dignidad y los derechos de Cattáneo.

Hay que decir, finalmente, que en el Estado de Derecho no hay poderes absolutos, ni de los ciudadanos ni de los funcionarios.

A no ser que, luego de siglos, en la benemérita e histórica ciudad de Tucumán haya aparecido reencarnado el legendario juez Jeffrey, aquel que en el siglo XVII sostenía las facultades sacrosantas de Jacobo II (el último de los Estuardo) y que sus sentencias estaban siempre al servicio de “los intereses de la Corona”.

Referencias: Beristain, Antonio:

1) El delito en la democracia; Buenos Aires, ed. Universidad, 2008.

2) Demandan al Estado Nacional y a los jueces: por Luz García Hamilton; en Periodismo de Verdad, 24.XII.2010.

José Antonio Riesco

OTRA VISIÓN SESGADA DE LOS AÑOS SETENTA

Impacta -impacta bien- ver un titular en un prestigioso diario nacional que recuerde a las “víctimas olvidadas del terror en la Argentina” que reproduce, a su vez, un artículo nada menos que del Wall Street Journal.

El mismo día, además, una entrevista televisiva, muy bien conducida por un periodista que hacía mucho tiempo no trataba temas tabú.

¿Habrá vuelto el dueño del canal a la senda de sus comienzos o impresionado por el espaldarazo de un poderoso medio norteamericano se preocupa, ahora, por los muertos del silencio y convierte su recuerdo en políticamente correcto?

Sea como sea, es importante que el tema se instale, aunque debo discrepar profundamente respecto del modo en que se lo ha presentado tanto en el artículo como en la entrevista.

Victoria Villaruel me convocó hace tres años para su proyecto.

Le hice saber enseguida que no compartía su orientación.

Le agradezco que me convocara en su momento porque soy consciente de que entre esos muertos pocos hay tan “políticamente incorrectos” como mi padre, Jordán B. Genta; lo fue en los setenta y lo es hoy en 2011.

Trataré de explicar mi discrepancia. Desde luego no opino sobre los aspectos jurídicos (no soy abogada) que pueden ser técnicamente irreprochables; pero hay algo de lo que sí puedo opinar: me refiero a las cuestiones filosóficas, políticas e históricas relativas a la Guerra Revolucionaria que asoló nuestro país y cuyo último zarpazo fue el asalto al cuartel de La Tablada, hecho curiosamente olvidado en la evocación de víctimas que estamos comentando.

En realidad, no sólo La Tablada, todo el hecho central y situante de la Guerra ha sido lisa y llanamente omitido.

No me parece ético y, a la postre, tampoco creo que resulte útil la construcción de “la otra cara de la mentira”.

Rechazo vivamente que se apele a levantar una impostura para oponerse a la impostura establecida por la izquierda revolucionaria que tiene, ahora, los resortes del poder.

Tengo un respeto profundo por la vida, las enseñanzas y la ejemplaridad del muerto que me compete.

En su memoria, rehúso sumarme a cualquier tergiversación de la historia vivida, sea cual fuere.

La Argentina libró una guerra justa.

Fue una guerra defensiva ante la invasión venida desde afuera siguiendo la estrategia, el modo y el uso de la Guerra Revolucionaria del Comunismo.

La guerra fue lo sustancial, lo importante de los años setenta.

Los atentados terroristas fueron sólo el medio elegido para amedrentar.

Sin duda, hubo crueldad y horror en esa guerra.

Pero en las situaciones límites, y toda guerra lo es, asoman la máxima grandeza y la máxima vileza de la condición humana.

Desafío a que alguien me señale una guerra donde esto no haya ocurrido.

La tendencia al mal nos viene del pecado original.

Dios se apiade de las almas de los combatientes de ambos bandos que cometieron crímenes o injusticias; que se arrepientan y encuentren justicia y misericordia en el Tribunal de Dios.

Los hechos delictivos debieron ser juzgados en tiempo y forma antes de que prescribieran.

Eso es lo que corresponde según la justicia de los hombres.

Pero esta pretendida “justicia universal” que ahora inventa la “lesa humanidad” comenzó en Nüremberg cuando se juzgó hacia atrás a los criminales del bando vencido y no a los de los bandos vencedores.

¿Se escuchó hablar, acaso, de los miles de oficiales polacos asesinados por los rusos o de los millones de seres humanos asesinados en y por la Unión Soviética?

Sin llegar a estos horrores, ¿quién nos puede vender que los Aliados occidentales no cometieron excesos?

Pero ellos vencieron, ellos juzgaron.

A los que rechazaron, en su momento, esta “justicia” hipócrita, en nuestro país, se los vituperó de nazis aunque fueran católicos fieles a Cristo y a la Iglesia y no hubiesen compartido jamás la ideología pagana del nacionalsocialismo.

Los Abogados por la Justicia y la Concordia denuncian con valentía y solvencia los horrores jurídicos perpetrados en las parodias de “juicios” a los que se somete, hoy, a los combatientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que enfrentaron la Guerra Revolucionaria.

Esta es la “justicia hemipléjica” que comenzó a gestarse y a aplicarse en Nüremberg.

En las décadas de los sesenta y setenta no eran muchos los que querían escuchar que la Guerra Revolucionaria era principalmente política, cultural y apuntaba a destruir el ser nacional.

Ese era el plan de la Unión Soviética y de Cuba para conseguir el dominio de nuestras patrias. Por eso no bastó vencerlos en el terreno de las armas.

En aquellos años, las jerarquías más altas de las Fuerzas Armadas no entendieron la naturaleza esencialmente cultural y política del conflicto.

El general Videla, en su sobrio y veraz alegato, tuvo la humildad y la hombría de bien de reconocer esta grave falencia de su gobierno.

Fue oportuno e importante que lo hiciera frente a sus subordinados, en primer lugar, y ante la Nación y la historia.

Precisamente, en esa misma época, mi padre exhortaba a emprender la guerra justa:

Argentina era agredida; sus fuerzas armadas, y no bandas armadas, debían defenderla en el plano militar.

No hacía sino inspirarse en la doctrina de Santo Tomás sostenida, por siglos, por la Iglesia Católica.

Sus enseñanzas no excluían ni los juicios sumarísimos ni, llegado el caso, la pena de muerte aplicada justamente por quien tiene la autoridad competente y responsable.

Todo esto llevado a cabo sin hipocresías le gustara o no a la Gran Hipocresía de los poderes mundiales.

Su prédica se dirigía especialmente a las Fuerzas Armadas.

Los que serían después los más altos responsables políticos y militares del Proceso (estuvo reunido, incluso, con algunos de ellos) no compartieron sus análisis.

Pero como sí eran cada vez más numerosos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que lo escuchaban y seguían, la guerrilla decidió callarlo para siempre.

¿Tal vez consideraron “peligroso” su lenguaje?

Al trocar las armas -método de los setenta en que fueron vencidos- por el método gramsciano, los antiguos guerrilleros de ayer se enseñorearon del poder desde el que, ahora, corrompen y destruyen hasta el último resquicio del alma nacional.

Vuelvo al principio de esta nota, lo que más me interesa, hoy, es rescatar el hecho de la Guerra Revolucionaria que signó nuestras vidas más allá de cualquier consideración que corresponda hacer sobre cómo se la enfrentó o cómo se llevó adelante la contraofensiva.

Me interesa el reconocimiento de nuestros soldados que lucharon contra este flagelo.

No me adhiero a nada que implique una concesión al “nuevo” Derecho con su caricatura de la Justicia.

La omisión de los militares asesinados por ser militares en las investigaciones del Celtyv, me ofende como argentina y como miembro de la familia militar.

Y me ofende por los presos políticos y sus familiares, víctimas actuales de ese mismo proceso de la guerra.

Entre ellos hay muchos que conocí en la cátedra de mi padre.

Algunos desde la infancia o la adolescencia, a otros después.

No me interesa, tampoco, que una visión jurídica, subsidiaria del mismo Derecho del enemigo, termine, finalmente, por imponer una nueva y falsa historia.

La muerte socrática y cristiana de mi padre me impone una conducta: decir la verdad, nada más que la verdad; tristemente la verdad triste, brutalmente la verdad brutal.

No tengo interés en que se juzgue, ahora, fuera de tiempo, en el marco de un derecho espurio a los asesinos de mi padre.

Sólo me interesa, sin dejar de asumir el pasado, contribuir desde mi modesto lugar a la pacificación nacional basada en la concordia.

María Lilia Genta

JÓVENES IDEALISTAS

Se ha hablado con indulgencia de los jóvenes que en la década del 70 colocaron bombas, sembraron el terror entre la población asesinando a civiles, policías y militares; secuestrando personas y pidiendo rescate; dispuestos a todo para lograr el poder y desde ahí imponer vaya a saber qué nueva forma de organización social en la Patria nuestra.

Para ellos todo fue válido: el asesinato artero por la espalda; la colocación de bombas; la instalación de cazabobos en puertas, correspondencias, edificios y autos; el asalto a cuarteles y asesinato de conscriptos; el robo de aviones; el apriete a jueces, profesores y empresarios; el homicidio de inocentes, viejos, jóvenes y niños; la infiltración en familias elegidas como objetivos, enviando adolescentes para acercarse a ellas haciéndose pasar por amigos de los hijos para luego, una vez ganada la confianza, colocar bombas en el hogar que los recibía y cobijaba.

Dicen que no son crímenes.

Que no son crímenes de lesa humanidad.

El adjetivo califica al sustantivo pero no modifica su entidad: son “crímenes”.

Ninguna sociedad civilizada deja a los criminales sin sanción, y menos los cobija con honores, puestos y consideraciones.

Nada los detuvo: ni un presidente popular como Perón, ni la propuesta de éste a integrarse en el nuevo gobierno acatando el orden instituido.

Hoy el gobierno, ante la indiferencia de los otros poderes del Estado y de la sociedad, que no hacen nada para que éstos tengan una condena legal y moral por los atroces hechos realizados, contiene y paga sueldos a muchos de ellos, ahora devenidos en respetables y prósperos mayores de sentir democrático, miembros del parlamento o del ejecutivo.

Sí hubo otros jóvenes, que por ideales abrazaron la carrera de las armas, los que voluntariamente se sometieron a una dura escuela de carácter y formación profesional militar con el único objetivo de servir y defender a la Patria, acatando las disposiciones legales existentes en un Estado de derecho, en donde la sujeción del militar es mayor que la del civil, pues sus leyes particulares lo constriñen, lo obligan a actuar de acuerdo a reglamentos y procedimientos que en una guerra son diferentes a los que se aplican en los períodos de paz.

Esos jóvenes de entonces, por orden de un gobierno constitucional que no podía, con las fuerzas de seguridad, ni con una justicia jaqueada, atemorizada y amenazada, contener el avance de los terroristas, fueron a una guerra no querida ni deseada; pero allá partieron, con decisión y coraje, a defender lo que consideraron los derechos sagrados de los argentinos. Cumpliendo con su rol en la organización social del Estado, no vacilaron en tributar al país la sangre propia, en sacrificar la juventud y familia para lograr la deseada paz. La situación así lo requería.

Éstos y no aquéllos, fueron los verdaderos jóvenes idealistas.

Conozco perfectamente a esos estoicos guerreros.

Siempre me sentiré en deuda con ellos.

La sociedad debería solidarizarse contra este atropello.

Dicen que hubo errores.

Por cierto que los hubo.

No han existido en la historia de la humanidad guerras asépticas.

Por eso no pueden juzgarse con criterios de la paz, que, por otra parte, fue obtenida gracias a ellos, los hechos que ocurrieron en esa guerra.

Hay dolor, hay valor, hay esperanza.

Esperanza de que los jueces adviertan que no son los jueces naturales de esos hombres, pues cuando les ordenaron ir a la guerra había leyes y justicia militar para juzgar sus conductas.

Éstas han sido derogadas.

No pueden juzgarse hechos retroactivos sino con las leyes en vigencia de entonces.

La patria está rota.

El espíritu de lucha de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y sus familias está quebrado.

Estamos indefensos.

Y en la ausencia absoluta de la autoridad y fortaleza para imponer el orden, avanza generalizada la delincuencia, que se apropia, hasta por diversión, de las vidas de los argentinos.

Y el gobierno, en lugar de fortalecer las instituciones armadas y de seguridad, con reconocimientos materiales y simbólicos, para que nos brinden protección, nos da circo y fútbol, pero no seguridad.

Jorge Augusto Cardoso

INDECENTES

Muchos indecentes abriga esta sociedad empobrecida en su espíritu, casi tantos como hipócritas y mucho me temo que los indecentes descriptos hoy sean los mismos aquellos hipócritas.

Tras la muerte de Néstor Kirchner escribimos en este mismo espacio una nota titulada "Hipócritas", que recibió una importante adhesión del público.

A dos meses de aquello y próximos a finalizar el año, se hace oportuno aludir a otra recurrencia nacional: la indecencia.

Indecentes todos y cada uno de los funcionarios de la presente administración con Cristina Fernández a la cabeza por permitirse todas las inconductas, por avalarlas, compartirlas o disculparlas lo que los hace cómplices y partícipes necesarios de la anomia que profundizaron en estos últimos siete años.

Indecente la oposición que prometió lo que no podía cumplir; que no hizo lo posible y lo imposible por frenar la barbarie K y terminó acompañando torpe y ruidosamente la gestión oficial;

indecente toda vez que se mostró insignificante y superflua, que convalidó con acciones y omisiones cada patraña, cada delito y cada obscenidad servidas por el poder político.

Indecentes los representantes sindicales y empresarios que negocian cada palmo de sus privilegios en plena conciencia de arrancarlos ilegítimamente para satisfacer intereses espurios, que corrompen funcionarios para obtenerlos o que se dejan corromper por ellos para seguir estando;

indecentes por anteponer el corto plazo y la ventaja inmediata;

indecentes cada vez que incumplen con la obligación sectorial que les cabe de defender las instituciones y las utilizan en provecho personal.

Indecentes por no hacerse cargo de la enorme responsabilidad que tienen en la descomposición social que padece hoy la Argentina.

Indecentes los jefes militares que negociaron su propia impunidad a cambio de entregar a subalternos y arrojarlos a las fauces del enemigo ignorando la noción de autoridad en la que se formaron.

Indecente el periodismo lacayo y el colaboracionista que por pesos o por cargos distorsiona la verdad.

Indecente por claudicar, por hincarse frente al poder, por no entender la dignidad de la resistencia al autoritarismo y suponer que es menos grave ser obsecuente que ser falso.

Indecentes los que aceptan trabajar para medios del gobierno, decir o escribir lo que les mandan y aceptar dinero malversado de lo que se recauda para otros fines.

Indecentes los jueces que especulan con su estabilidad antes de firmar una sentencia, que toleran presiones políticas, que tienen contacto con funcionarios o con privados y abren la posibilidad de "interesantes" ofrecimientos.

Indecentes cuando se resisten a renunciar si no pueden hacer frente a la arbitrariedad del poder.

Y también,

indecente una generosa porción de la sociedad argentina que calla y otorga; que se refugia en los shoppings para desconocer la realidad que la rodea; que con el cliché de "esto siempre fue así" acepta el robo, la coima y los incapaces al frente de cualquier cosa;

indecente cada ciudadano que emplea personal "en negro" y evade impuestos bajo la excusa de que el gobierno es el primer defraudador; el que toma el atajo y se trepa a la corrupción crónica.

Muchos indecentes abriga esta sociedad empobrecida en su espíritu, casi tantos como hipócritas y mucho me temo que los indecentes descriptos hoy sean los mismos aquellos hipócritas.

María Zaldívar

USA: VICTIMAS OLVIDADAS DEL TERROR EN LA ARGENTINA

La justicia no es asegurada fácilmente en ninguna parte del mundo.

Pero en la Argentina hoy está fuera del alcance incluso mencionar en público a las víctimas del terrorismo de izquierda de los años 70, y menos hacer un esfuerzo para obtener para ellas o sus familiares un día en un tribunal judicial.

Inténtelo y, probablemente, sea etiquetado por la izquierda argentina como un amigo fascista del ex gobierno militar.

El políticamente correcto sabe que se supone que los que fueron tratados brutalmente por los guerrilleros que alguna vez Perón llamó "juventud maravillosa" deben ser borrados de la memoria nacional.

La abogada de 35 años y defensora de los derechos humanos Victoria Villarruel rehúsa cooperar.

Fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, en la Argentina, con la misión de documentar los miles de crímenes terroristas cometidos entre 1969 y 1979.

Cree que arrojar luz sobre esa década oscura puede ayudar a asegurar un futuro más justo para todos los argentinos.

Todo el mundo conoce la historia de cómo los militares argentinos tomaron el poder en 1976 y procedieron a aplastar a los movimientos subversivos con crueldad.

Sus abusos de poder fueron legión, y en 1983, finalmente, dieron un paso al costado en medio de la hiperinflación y el caos económico.

Pero la Argentina vivió otra tragedia antes y, en algunos casos, un tiempo después de que los militares tomaran el poder.

Fue una ola de carnicería y destrucción causada por bandas de guerrilleros inspirados por Castro que buscaban tomar el poder aterrorizando al país.

Sus acciones provocaron un caos que llevó al golpe militar.

Sin embargo, debido a la deshonrosa caída del gobierno militar, los terroristas y sus simpatizantes han tenido éxito en volver a escribir esta historia, al describir solamente los crímenes de sus enemigos uniformados.

Algunas personas que son actuales o ex integrantes del gobierno de Kirchner, otros que son congresistas y otros que trabajan en los medios fueron integrantes bien conocidos de organizaciones subversivas.

En una entrevista realizada en noviembre, en Buenos Aires, Villarruel me dijo que ni siquiera los políticos de la oposición hablan de las víctimas de los terroristas porque se ha vuelto tabú hacerlo.

El Estado, según dice, los trata como si nunca hubieran nacido.

Un resultado es que una generación de argentinos ha crecido sin conocimiento de la historia completa de esos tiempos de terror.

El punto de vista de Villarruel es que la verdad y justicia sean reconocidas. Su libro de 2009 ( Los llaman? jóvenes idealistas) es un paso hacia ese objetivo.

Documenta con fotografías y recortes de prensa la devastación que los terroristas le causaron a su propia gente.

"A vencer o morir", el lema del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), aparece en una foto como un grafiti garabateado en un camión.

En el libro, hay fotos de algunas de las miles de víctimas: bebes, adolescentes, diplomáticos, empresarios, jueces, policías.

Algunos fueron secuestrados y asesinados.

Otros quedaron lisiados porque estaban cerca cuando explotó una bomba.

Reclutaban menores para los ejércitos revolucionarios.

Todo valía para los rebeldes que buscaban rehacer su mundo a través de la violencia.

Villarruel describió el trabajo de su centro sobre el terrorismo, basándose en artículos de diarios y conversaciones con familiares y testigos.

Muchos, según afirmó, siguen teniendo temor a las represalias.

Me dijo que el centro ha logrado dar nombre a 13.074 víctimas de los terroristas.

Esos son totales preliminares.

Villarruel está tan preocupada por la precisión de su trabajo que hizo que fuera auditado en forma independiente dos veces.

Prevé que los recuentos finales estarán terminados a mediados de este año.

Es interesante señalar que la cantidad de casos presentados ante tribunales contra el gobierno militar con acusaciones de abuso de poder son menos de 9000.

Mientras tanto, la justificación del gobierno de Kirchner para desestimar a las víctimas del terrorismo de izquierda es el argumento de que fueron víctimas de crímenes comunes y que sus perpetradores ahora están amparados por la prescripción. Pero