Con el paso de los años y la sucesión de importantes causas judiciales que comprometen al kirchnerismo, se tornan cada vez más nítidas las escandalosas actitudes de los jueces federales Norberto Oyarbide y María Servini de Cubría en favor del oficialismo y en contra de la justicia.
Se lo puede advertir en dos expedientes vinculados entre sí: el de la mafia de los medicamentos, a cargo de Oyarbide, y el de las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2007 del oficialista Frente para la Victoria, que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia, causa que está en manos de Servini por su competencia electoral.
Los estilos de ambos magistrados difieren en la forma, pero no en su nefasta sustancia.
Mientras Servini se ha alejado de la altísima exposición pública que tuvo en los comienzos del menemismo, Oyarbide somete algunos de sus expedientes a un striptease mediático con una alta dosis de intencionalidad política, por lo general favorable al kirchnerismo.
Estas diferencias de forma se manifiestan en los dos expedientes que mencionamos.
En más de una ocasión, la Cámara Nacional Electoral le pidió informes a la jueza y la intimó a pronunciarse por la aprobación o desaprobación de las cuentas de la campaña kirchnerista.
En respuesta, la magistrada decidió suspender el trámite del expediente a la espera de que se resuelvan las cuestiones penales que ella misma planteó ante sus pares del fuero criminal y correccional.
Esa rebeldía, que no hace más que postergar la resolución del caso, no es novedosa.
En 2008, la Cámara había establecido un procedimiento para evitar, precisamente, que los procesos de control se dilataran más allá de lo razonable.
Servini no sólo decidió no aplicarlo, sino que lo declaró inconstitucional.
Antes de suspenderse el trámite, en su expediente ya se había emitido media docena de dictámenes periciales que aconsejaban no aprobar las cuentas del Frente para la Victoria.
En la renuencia de Servini a hacer justicia en este grave caso están encerrados varios males de nuestro sistema político institucional.
El financiamiento de las campañas presidenciales de ambos Kirchner exhibió gravísimas irregularidades que ayudan a que siga minándose la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de la representación democrática.
Y la interesada inercia de Servini contribuye al descrédito de la Justicia.
Su expediente se relaciona con el de Oyarbide, quien ha determinado que en la campaña presidencial de Cristina Kirchner se lavó dinero proveniente de la mafia de los medicamentos, y por ese delito procesó a Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y ex recaudador de la campaña kirchnerista.
El doble papel de Capaccioli explica la conexidad de ambas causas y, en definitiva, delata el circuito de la corrupción.
El mismo funcionario que, como superintendente encargado de controlar a las droguerías, toleraba o auspiciaba la obtención fraudulenta de subsidios, era quien, en su carácter de recaudador de campaña, conseguía recursos de esas mismas empresas.
Para Capaccioli, fue el segundo procesamiento, pues un día antes Oyarbide lo había responsabilizado de un desvío de 54 millones de pesos de la SSS.
El nuevo fallo de Oyarbide alcanzó también a Sebastián Gramajo y a Hernán Diez, responsables económico-financiero y político, respectivamente, de la campaña de 2007 del Frente para la Victoria.
Diez es director de Lotería Nacional y Gramajo, gerente del consejo consultivo de la Anses.
Pero Oyarbide, y aquí entramos ya en el aspecto más perverso y peligroso de la actitud del juez, no trata con el debido respeto y equidad el expediente que instruye y que encierra pruebas valiosas que, por un lado, muestran la íntima relación entre el financiamiento del oficialismo y uno de los delitos más aberrantes que pueda concebirse, pues la mafia de los medicamentos habría adulterado o entregado muestras vencidas de importantes remedios para tratamientos de enfermedades graves.
Por lo pronto, el magistrado ya ha recibido siete duras advertencias de su superior, la Sala II de la Cámara Federal.
En la última, los camaristas le llamaron la atención por la "desordenada instrucción" de la investigación "sin un norte claro" y por arrestar a acusados sin antes reunir las pruebas suficientes para incriminarlos.
Esto fue antes de que el juez detuviera al secretario general del gremio de trabajadores rurales Géronimo Venegas, decisión sobre la que rápidamente volvió atrás.
Las lagunas que viene dejando Oyarbide en su pesquisa son inquietantes.
En innumerables publicaciones periodísticas, han aparecido informaciones sobre el papel que cumplió el ex gerente general de la Superintendencia, Néstor Vázquez, en el entramado de negocios que se investigan.
Sin embargo, el juez viene manteniendo a Vázquez fuera del foco de sus indagaciones.
El dato es relevante porque Vázquez ha sido socio del empresario Enrique Dratman, quien figura en la causa y es, a la vez, esposo de la ex consejera de la Magistratura Diana Conti.
La diputada Conti fue quien, sin excusarse, tuvo a cargo en el Consejo de la Magistratura la investigación de las presuntas irregularidades que cometió Oyarbide en este mismo caso.
El ritmo procesal que se les imprime a las causas es también parte de una arbitrariedad judicial a la que el país, felizmente, no termina de acostumbrarse.
Oyarbide arrastra los pies para sancionar a algunos sindicalistas, se precipita para encarcelar a otros y adquiere la velocidad de un rayo para exculpar a imputados poderosos, como ocurrió en la escandalosa causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner.
La falta de norte en su investigación de la mafia de los medicamentos -en la que, repetimos, no faltan pruebas- obedece al manejo político que de ella hace Oyarbide para complacer al Gobierno.
Es sabido, por ejemplo, que habría más elementos en contra del líder cegetista Hugo Moyano y su esposa que de Venegas, pero seguramente los tiempos políticos de la Casa Rosada exigen que este expediente constituya una herramienta de presión sobre el titular de la CGT.Al proceder de esta forma, Oyarbide bastardea una importantísima investigación rodeando su actuación de todo tipo de sospechas.
Entre ellas, las que vuelven verosímiles versiones muy insistentes en el mercado de la salud acerca de que el propio magistrado se habría interesado en algún momento en la promoción de alguna droguería ante empresas de medicina prepaga.
El efecto de la política sobre la Justicia es siempre letal cuando se trata de jueces manipulables, capaces de mantener abiertos expedientes que carecen de toda sustancia y legitimidad o, como en el caso que nos ocupa, de conducir a vía muerta una causa, como hace Servini, o de manipular otra con rumbo zigzagueante al influjo de las necesidades del poder político, como Oyarbide.
Estos oscuros manejos poseen el poder de un veneno sobre los expedientes, pues tornan sospechosos hasta los elementos indubitables, producen irreparables pérdidas de tiempo que siempre se traducen en pérdida de pruebas e indicios, y atemorizan a testigos que, en definitiva, no confían en los jueces.
El resultado es siempre la impunidad y el descreimiento de la sociedad en la Justicia.
Por eso, es preciso que ambos jueces pierdan el escudo protector que les ha otorgado el Gobierno para que el Consejo de la Magistratura los investigue y, de una vez por todas, aparte de sus cargos por mal desempeño.
La Nación
26-Feb-11
Opinión
AGREGADO A LO YA RELATADO SOBRE FAVARIO, MI EXCOMPAÑERO DE TRABAJO EN EL SWIFT Y QUE LUEGO DE ENTRAR EN EL ERP SE TRANSFORMARA EN UN MONSTRUO: Agrego: Todavía lo veo a Favario EN MI MENTE.
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