martes, 30 de marzo de 2010

SEGUN LO VEO

Los derechos humanos no tienen dueños

Hace dos días, decenas de miles de personas aprovecharon el trigésimo cuarto aniversario del golpe militar de 1976 para felicitarse por su compromiso con los derechos humanos.

También lo aprovecharon para ensañarse con sus adversarios políticos actuales, tratándolos como los únicos responsables de las atrocidades que fueron perpetradas en los años setenta.

Se trataba, pues, de un día de memoria selectiva.

Los "militantes" -la palabra nos dice mucho- se concentraron exclusivamente en el aporte a lo que sucedió de los jefes militares y quienes los habían apoyado, pero pasaron por alto la contribución al desastre de organizaciones terroristas de mentalidad neofascista como Montoneros, de la Triple A que se formó cuando Juan Domingo Perón estaba en el poder y de otros que, sin cometer crímenes, ayudaron a crear un clima propicio para guerreros sucios.

Los militares de aquel entonces eran productos de una sociedad exasperada en que era considerado "progresista" simpatizar con "la lucha armada".

Puede que pocos de los que por un rato se sentían entusiasmados por las proezas de Montoneros, ERP y otras agrupaciones mesiánicas hayan entendido las connotaciones de dicha actitud, ya que preferir las balas y las bombas a las engorrosas formalidades democráticas significaba aprobar, o al menos encontrar comprensibles, los asesinatos, robos, secuestros extorsivos, amenazas mafiosas y atentados que en vísperas del golpe eran el pan de cada día, pero era de prever que la militarización de la cultura cívica argentina terminaría en la catástrofe que no tardó en producirse.

Desde el 25 de mayo de 1973, cuando el presidente Héctor Cámpora dejó salir de la cárcel a una multitud de terroristas, fue sólo una cuestión de tiempo antes de que sus víctimas en potencia reaccionaran organizando escuadrones de la muerte y que, para buena parte de la población del país, la única "solución" para el caos resultante consistiera en un nuevo golpe militar.

En marzo de 1976, los estrategas terroristas aguardaban con impaciencia la llegada de la dictadura castrense por entender que serviría para aleccionar al pueblo sobre la malignidad de "la derecha", pero sucedió que muchos de los hombres y mujeres de carne y hueso que conformaban el pueblo también querían que los militares se apoderaran del gobierno cuanto antes por suponer que pondrían fin a la violencia.

En efecto, tan malo había resultado ser el gobierno del general Perón primero y de Isabelita después que durante varios años sólo una minoría pertinaz se oponía a la dictadura.

¿Fue por temor? Sólo en parte.

A los realmente interesados en "la memoria", les convendría preguntarse por qué hace apenas una generación la Argentina se había convertido en un país entregado a la lógica de las armas y por lo tanto condenado a ser gobernado por quienes más tenían, pero es evidente que a esta altura pocos se interesan por tales temas.

Para la mayoría olvidadiza, los aniversarios del golpe -efeméride que, de haber sido exitoso el Proceso militar, se celebraría en el mismo día con discursos igualmente rimbombantes- brindan una oportunidad para aplaudir su propia rectitud.

Es lo que hacen políticos como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su marido y los integrantes de su gobierno.

¿Qué hicieron para que se respetaran debidamente los derechos que actualmente reivindican quienes ya habían alcanzado la madurez antes de los años plomizos que siguieron al golpe?

En el caso de los Kirchner y de muchos otros, poco, muy poco.

Desgraciadamente para el país, defender los derechos humanos no estaba de moda a mediados de los años setenta.

Quienes se preocupaban por ellos solían ser radicales disidentes o liberales clásicos, "burgueses" aburridos como, entre otros, Raúl Alfonsín, que se negaban a entender que las exigencias de la necesariamente cruel lucha revolucionaria o contrarrevolucionaria deberían tener prioridad sobre el respeto por ciertas reglas básicas.

Cuando, para disgusto de los marxistas, el presidente norteamericano Jimmy Carter se puso a protestar contra los abusos sistemáticos que se cometían aquí, los líderes del régimen coincidieron con sus homólogos soviéticos, y con la sucursal local del Partido Comunista, en denunciar "el imperialismo de los derechos humanos".

Luego de la desintegración de la Unión Soviética y la liberación de sus satrapías, la causa cambió de manos.

La izquierda autoritaria, cuando no totalitaria, ya no se sentía constreñida a procurar explicarnos que, no obstante las apariencias, los mortíferos campos de concentración del socialismo realmente existente no tenían nada en común con los del socialismo nacional de Adolf Hitler, de suerte que pudo dedicarse a informarnos que el desprecio por los derechos humanos era un fenómeno típicamente capitalista.

En otras partes del mundo, organizaciones como Amnistía Internacional que fueron fundadas para apoyar a las víctimas de la despiadada represión comunista se han visto capturadas por extremistas de la izquierda revolucionaria y sus aliados coyunturales islamistas.

Fronteras adentro, el movimiento está dominado por facciones agresivas para las que vengarse de los militares y, si es posible, de quienes habían simpatizado con ellos treinta años atrás es una prioridad absoluta.

De caer el país bajo el yugo de un régimen izquierdista fanatizado, ¿protestarían los muchos de Quebracho contra las violaciones de los derechos humanos que con toda seguridad abundarían?

Es legítimo dudarlo.

Por fortuna, parece poco probable que el futuro nos tenga reservado un destino tan terrible, pero así y todo hay que tomar con cierto escepticismo el compromiso con los derechos humanos de personajes como los Kirchner y ni hablar de aquel de los líderes vehementes de organismos que representan a los deudos de los asesinados o encarcelados por la dictadura.

La llamada sociedad civil no será capaz de resistirse a la tentación de subordinar los derechos fundamentales a los objetivos de individuos poderosos hasta que todo lo relacionado con ellos se haya despolitizado por completo.

También sería necesario que defenderlos no sea considerado el privilegio de los familiares de víctimas de matanzas anteriores.

Puede que a Cristina le cueste entenderlo, pero el que las Madres de Plaza de Mayo se hayan erigido en los símbolos vivientes de la defensa de los derechos humanos debería motivar más vergüenza colectiva que orgullo, ya que su protagonismo fue consecuencia del silencio de casi todos los demás.

James Neilson

lunes, 29 de marzo de 2010

24 de MARZO: 22 MIL MENTIRAS COMO MINIMO

Los que crean que la cuestión es de cifras solamente se equivocan, pero indudablemente se redondea con una cifra.

Y también comienza con un conjunto de números que se barajaron en los momentos finales del último gobierno militar.

Ya existían para aquel entonces los denominados “grupos de Derechos Humanos” que son en la actualidad- y más aun lo eran en aquel entonces, principio de los 80- el cadáver parlante de la guerra revolucionaria, los residuos de la guerrilla o la mimetización de la misma, transformada en organizaciones humanitarias, el castrismo residual.

Historia Oficial

Era el puntapié inicial de la Argentina del revés, de la patria progresista:

Los terroristas transformados en humanistas y defensores de las libertades públicas, los marxistas trocados en progresistas, los partidarios de la dictadura del proletariado mutaban en demócratas, los gloriosos combatientes en victimas inocentes y lo que era peor, nadie movía un dedo para decir lo contrario, para refutar, para desenmascarar.

Era el discurso único.

Hacer una investigación seria sobre la guerra revolucionaria, era muy difícil, la única literatura era la escrita por los castristas y sus amanuenses.

Ni intentaras recurrir a quienes habían combatido al castrismo por que salvo contadísimas excepciones se hacían los misteriosos y ponían cara de póquer y “de eso no se habla”.

No “es conveniente” decían.

Hubo de pasar mucha agua debajo del puente y mucha destrucción de las instituciones de las que formaran parte para que se decidieran a hablar, con el agua al cuello (por llamarle agua).

Nadie me lo contó.

Yo lo viví cuando escribí mi primer libro.

No solo no recibí la más mínima ayuda de muchos que sabían como era la mano, sino que hasta me miraban con sorna como diciendo

¿Que quiere hacer este boludito…?

Como si vieran al agente Mulder investigando sobre los OVNI.

Hoy no se deben reír tanto seguramente.

Me pregunto cuanto mal se hubiera evitado hablando y refutando a tiempo las mentiras, haber esclarecido a muchos argentinos en el momento que correspondía…

Hoy es tarde para lágrimas.

Si, no se asombre, la guerrilla existió…

Por que, aunque parezca mentira la Guerrilla Castrista existió, produjo más de 21.000 atentados, robos, secuestros, tomas de pueblos, saqueos a arsenales militares y policiales, tomas de cuarteles y fabricas.

Hasta formó una zona liberada en Tucumán.

Mató cerca de 2.000 personas.

No comenzó en 1969 como pretenden los que la atribuyen a la “falta de democracia”, sino en 1959, diez años antes y con un gobierno constitucional.

No nació para luchar contra la dictadura militar de 1976, sino que ésta fue, en cierto modo, consecuencia de su accionar.

Nació con la Tiranía Militar de Castro.

Es historia- hasta aceptada por el mismo Fidel-

Pero ¿De esto quien se acuerda o esta enterado?

Muchos argentinos nacidos del 83 en adelante ni conocen estos “entretelones”.

Piensan que las Madres y las Abuelas son nada más que viejitas justicieras que buscan a sus hijos y nietos, o que Verbitzky- si es que han oído hablar alguna vez de él- es un periodista preocupado por la vigencia de las leyes, la equitativa administración de justicia, y los derechos individuales.

Tienen una vaga idea de lo que fue la guerrilla, los muertos de un lado o de otro fueron consecuencia de algo parecido a una catástrofe natural y que los desaparecidos terminaron sus días así, por que en marzo de 1976 unos militares locos tomaron el poder, matando a un conjunto de jóvenes que luchaban por un mundo mejor.

Creen también que los jóvenes fueron 30.000 y la mayoría o por que no todos, inocentes,

¿Que podían ser sino unos chicos que querían ayudar a los pobres?

Cualquier cuestionamiento a dichos dogmas es por lo general respondido con un encogimiento de hombros la más de las veces y la desviación de la conversación.

Al común de la gente el tema le importa un bledo, paso hace más de 30 años, para que engañarnos.

Los más ideologizados (por llamarlos de alguna manera) improvisan una suerte de sorpresa y escándalo, (parecen las comadres del barrio) dicen siempre infaliblemente“

¿Como después de todo lo que paso aca cuestionas…?”

los mismos que critican la justicia pedorra que tenemos dicen

“¡¡¡La justicia ya se pronuncio…!!!”

Ya sabemos los dogmas son incuestionables, por que el cuestionamiento derrumba el sistema que se edifica sobre ellos.

De ese sistema aun comen muchos.

No conviene que caiga a pesar que esté cimentado en patrañas solamente creíbles para cretinizados.

Hasta los mismos jefes de la guerrilla que aun viven, son contestes que el sistema convirtió esa historia en una historieta para personas aburridas por falta de materia gris, el mismo Firmenich lo afirmo hace muy poco.

Pero dejemos esto para después y veamos como se forja el mito y se hace dogma.

El logotipo

Volvamos a la cifra emblema.

Quien dice hoy desaparecidos dice 30.000.

Es una imagen forjada por campañas de propaganda como el “Anímate a mas” de Pepsi o “Me encanta” de Mc Donald, o “Imposible is Nothing” de Adidas o “Do it” de Nike.

Frases penetradas en el inconciente colectivo.

Pero esas frases mencionadas en segundo termino son fruto de la inventiva de los creativos de la publicidad, que muchas veces las toman de cuestiones triviales o surgen de esas cuestiones y son elegidas por los técnicos en marketing por que “pegan” como quien dice.

La primera frase también pega por que es justamente un porcentaje exacto de la población de nuestro país en ese momento histórico (éramos 30 millones de habitantes).

¿Pega o no pega?

Esa frase hace a la “construcción” de la memoria como llaman los progresistas a las verdades, las racionalizaciones y los vulgares inventos penetrados por campañas de acción psicológica.

Ya sabemos que para ellos la realidad y la verdad no existen, se construyen con el discurso.

Y ese discurso hace a la “construcción” del Holocausto Argentino.

Hoy los militares son los nazis del subdesarrollo y los crímenes que se les atribuye justifican la destrucción del principio de autoridad (laxitud general de la disciplina, la moral y la ética familiar y social) y la dilución del poder del Estado (Indefensión, Inseguridad, falta de controles etc.).

Dentro de la permisividad progre nadie quiere ser represivo como la Dictadura, que causo 30.000 desparecidos.

El laboratorio

Hablamos de lo que se deriva de trivialidades y que explotado y trabajado por profesionales de la publicidad deviene finalmente en slogan y en identificación de un producto, en un sinónimo, que queda grabado para siempre.

Esta seria finalmente, la mecánica para grabar la famosa Memoria

Pero ¿De donde salio el numero?

¿Cómo se fabricó el slogan, el logotipo?

Todo se inicia con un conjunto de hipótesis vagas, imprecisas.

Cifras tentativas y fantasmagóricas que se repetían aquí y allá,.

Todo en el aire.

Veamos lo que explica Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas, fiscal de la Corte Internacional de Justicia y una suerte de apóstol de la transparencia, a pesar que sus asesoramientos al Estado y empresas privatizadas por Menem no hayan sido muy onda glasnost que digamos.

En su Libro “Cuando el Poder perdió el Juicio” este personaje nos dice en referencia a la cifra logotipo.

Primeramente surgieron un conjunto de números, divulgados por el grupo de personas que estaban encargadas por el Estado de investigar el tema o sea la famosa CONADEP:

El parlamento español barajaba una cifra de 7.000 desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostenía que había unos 5.700, Alfonsin en enero de 1984, tenía informes de que había unos 10.000.

La embajada argentina en Suiza en febrero del 84 dejaba trascender que los desaparecidos podían ser unos 10.000.

El obispo marxista brasileño Evaristo Arns decía que podían ser unos 5.700, el New Yorck Time aventuraba una cifra de 6.000. Hilario Fernández Long, miembro de la CONADEP decía en octubre de 1984 que había 8.400 desaparecidos.

El CELS siempre moderado, cantaba 20.000.Finalmente la CONADEP determino por medio de denuncias, que había 8.900 desaparecidos.

Después de tantos y dispares números viene lo importante. Transcribo textualmente a Moreno OcampoEmilio Mignone (CELS) hizo un relevamiento informal y concluyó que había un número similar que no había hecho la denuncia, Graciela Fernández Meijide (APDH) estima que dicha cifra es menor y Ernesto Sábado que es mayor.

De allí la cifra de 15 mil a 30 mil que se considera fueran muertos por el Proceso.

Cuatro etapas

En fin, llegado a este punto podríamos decir como Moria: si queres llorar, llorá… o preguntarnos como se hizo ese relevamiento informal referente a quienes no denunciaron la desaparición de sus familiares, siendo que justamente no se presentaron a denunciar.

De que métodos se valió Meijide para decir que eran menos y de cual sistema se valió Sabato para afirmar que eran más.

No lo preguntemos, por que justamente no hay respuesta.

Es todo un verso.

Es mas, habla de cifras que van de 15 mil a 30 mil pero se usa siempre la mayor.

Parece que a Moreno Ocampo se le pone turbia la transparencia.

Aunque parezca mentira de allí sale la cifra, del seno mismo de la Comisión destinada a esclarecer el tema.

Es el logotipo, 8.900 era poco 15.000 tambien, le mandamos 30.000, como podrían haber puesto el doble o el triple, que mas daba…

¿Que historiador que no sea un chanta puede dar crédito a esta cifra truchisima?

Dejémoslo ahí, como el finadito Bernardo.

Después todo seria objeto de una campaña que seguiría los pasos de Sensibilización:

Madres y abuelas implorando por la devolución de sus hijos y nietos; Victimización: los gloriosos combatientes se habían transformados en inocentes victimas o disidentes reprimidos; Cuantificación: la cifra mágica y Repetición permanente de de todos estos pasos por radio, TV, diarios, revistas, libros, conferencias, reportajes.

Historieta llegada tambien a los planes escolares. Así hasta el infinito y por años de años.

Hasta hoy.

¿Y entonces…?

Entonces hubo desaparecidos, entre 6.500 que son por los que se cobraron indemnizaciones de la llamada ley de reparación histórica (24.411) promulgada por Menem y 8.900 que son los denunciados a la CONADEP, (sin perjuicio de los reaparecidos que no se cuantos son) esa es la realidad.

¿Es importante la cifra? Indudablemente es importante de lo contrario no habrían hecho una campaña de lavaje de cerebros en base a la de 30.000, que como ya dijimos, es absolutamente falsa

¿Como murieron?

Ejecutados clandestinamente por las Fuerzas Armadas de Seguridad o Policiales, cuando los gobernantes del denominado Proceso decidieron utilizar esos métodos para librar la guerra contra el castrismo.

Ojo, que hayan sido ejecutados clandestinamente no quiere decir que fueran inocentes de terrorismo.

Los Generales del Proceso tenían miedo del que dirán y querían guardar la imagen impoluta de democráticos modernos, eficientes y estables. Aquello de si hay miseria que no se note.

Si se optaba por aplicar la ley vigente y fusilar, el manisero Carter y el Congreso Norteamericano se enojarían, los banqueros no vendrían a darnos prestamos para fomentar nuestra ruina, y el rabino de Nueva Yorck nos tildaría de fascistas o nazis.

Los imbeciles progresistas de Europa pondrían el grito en el cielo.

El Papa llamaría indignadoTotal después era fácil diluir la responsabilidad en el teniente Fernández o el Cabo Mamani…los muy brutos se excedieron en el cumplimiento de órdenes... y san se acabó.

Así les fue, tanto a los capitostes del Proceso como a los que cumplieron ordenes.

Algunos aun piensan que fueron vencedores en aquella guerra y que la Argentina se da el lujo de juzgar a Generales vencedores.

No se cuestionan por que si vencieron los condenan a cadena perpetua.

Vence en la guerra el que impone su voluntad al vencido.

Creo que no hace falta deducir mucho más respecto a quienes fueron victoriosos y quienes derrotados, eso se puede deducir de el estado en que se encuentran las FFAA actualmente (o lo que queda de ellas).

¿A quien benefició el mito de los 30.000?

Indudablemente al imperialismo globalizador.

Y si, cuantos más idiotas haya mejor para los dueños del circo global, se les hacen el campo orégano

Por que de última, la novelita alimenta a la globalidad, diosa por la que muchos nabos bienpensantes se babean:

democracia de masas, capitalismo rapíñero y cultura izquierdizada o progre.

Los 30.000 desaparecidos es un mito progresista.

El mito basal del sistema político y la cultura argentina contemporánea.

Una Argentina donde nadie se cuestiona por que- por ejemplo- los yanquis apoyaron al ejercito que combatía al “enemigo comunista”en los 60 y 70 y hoy, con apoyo yanqui, ese “enemigo comunista” gobierna, mientras los militares de los 60 y 70 están todos presos por haberlo combatido.

Desgraciadamente los que menos se lo preguntan parecen ser los damnificados o sus sedicentes defensores.

El mito benefició a la yanquilandia global, que destruyo nuestro aparato de defensa, especialmente los emprendimientos tecnológicos misilisticos:

Una fuerza armada que había combatido contra ellos (Malvinas) en definitiva no resultaba confiable.

La cultura progresista aneja al mito de los 30.000 disolvía la sociedad y el poder del Estado.

Un territorio sin Estado es lo que mas quiere el Imperio y la globalidad.

Una sociedad degradada y disuelta es pan comidoEl fomento de la permisividad, la contranatura, el aborto, la destrucción de la autoridad van de la mano del mito, solventado por las fundaciones libres de impuestos norteamericanas, las mismas que financian y apoyan de mil manera los emprendimientos progresistas y los grupos residuales del castrismo, a los derechos humanos (CELS por ejemplo).

No hay solicitada o protocolo que proponga el aborto y la normalidad de la homosexualidad o las normas penales que reducen a la nada el castigo a la delincuencia, que no este firmada por personajes vinculados a la Rockefeller, Ford, Banco Mundial etc.

Si, en última instancia todo esto es consentido cuando no promovido por EEUU, a pesar que la embajada aquí quiera hacer amigos entre los que se movilizan en defensa de los militares.

Es la eterna dialéctica inducida: para manejar un carro hay que tener dos riendas decía Perón.

Manteniéndonos en ese estado de caos y disolución es fácil seguir succionando nuestros recursos:

La contracara de los 30.000 desaparecidos es la explosión de la pobreza.

Mire, por ejemplo, como paga la deuda al contado Kirchner, el abanderado de los 30.000.

Los gloriosos combatientes abanderados de la revolución social, pagan la deuda externa que crearan los genocidas supuestos aliados del imperialismo.

Lleva pagado casi el monto de deuda que dejara el Proceso.

Lesa Humanidad

En definitiva la memoria progresista termina auxiliando al imperialismo, hasta se ha implantado la legislación sionista de Newremberg, de los crímenes de “lesa humanidad”.

Legislación que generalmente considera única humanidad lesionable a comunistas, judíos o yanquis:

No conozco agentes del KGB presos por haber torturado y matado durante la época del soviet, Castro o sus generales no tienen proceso alguno abierto en base a esta normativa y ningún funcionario o militar norteamericano o judío ha sido molestado por haber masacrado o torturado impunemente la población de los territorios que usurpan o usurparon (Vietnam, Irak, Afganistán, Líbano o Palestina).

No se que Bush tenga proceso por el “centro clandestino de detención” de Guantánamo.

Es público que en Israel se tortura con aval normativo y judicial, curiosamente nadie le llama Estado Terrorista, ni a los militares judíos genocidas o represores.

Con este instituto jurídico sionista el castrismo residual logró vengar su honor de chiquero apaleado y plata, mucha plata que al parecer lo mueve en la actualidad: lucran de los cadáveres.

Demás esta decir que sostengo que todos los delito deben prescribir. También en este caso, los de uno y otro lado.La democracia se mantiene también en base a dicha mitología.

Si, esta mierda que chapaleamos todos los días cuando prendemos la TV, escuchamos la radio o leemos el diario.

Cuando su horripilante cara queda al descubierto como en el 2001, enseguida se hecha mano al mito para “restaurarla”.

Lo que hizo Kirchner con los militares no es nada loco, no lo hizo por que sea comunista como creen algunos simplistas, sigue la lógica del sistema.

Nada más que eso y nada menos.

En fin quedan mucho en el tintero pero se me acaba el espacio.

A grandes rasgos estas cosas quise decir en mi libro 30.000 desaparecidos realidad mito y dogma El Monumento a la Memoria inaugurado por Kirchner confirmo lo que escribí, hay 8.000 desaparecidos y 22.000 mentiras.

En base a esas mentiras se edifica día a día este régimen de oprobio y entrega.

En nosotros esta terminar con el.

Enterrarlo para siempre.

¡Gracias Nacionalismo Argentino!

Guillermo Rojas

viernes, 26 de marzo de 2010

LA DEGRADACION POLITICA DE LA JUSTICIA

Amnesia, mentiras e injusticia el 24 de marzo

El miércoles 24 de marzo el gobierno y las organizaciones rentadas que trafican con los derechos humanos montaron un acto que recordaba el pasado.

Pero, en actitud desafiante, se refirieron al presente y al futuro.

En cuanto al pasado, por un lado, Hebe de Bonafini rindió un homenaje a los que lucharon por la revolución socialista en la Argentina empuñando las armas.

En cambio, Estela de Carlotto dijo que luchaban contra la exclusión social, mayor participación en el ingreso de los asalariados y muchos lugares comunes en los que todos podríamos estar de acuerdo.

Pero se olvidaron de aclarar un pequeño detalle:

¿cómo querían lograr esos objetivos loables con las armas en la mano?

Si por un momento hacemos un análisis contrafáctico de:

¿qué hubiera pasado si Mario Firmenich hubiera sido presidente mediante la lucha armada?

¿Habría menos muertos que con la dictadura de Jorge Videla?

Seguramente habría muerto un millón de personas y la Argentina estaría gobernada por una dictadura semejante a la cubana, como ocurrió en Nicaragua en 1979.

¿Alguien cree que estaríamos mejor?

La respuesta es obvia, sería un no terminante.

Pero dejemos el análisis contrafáctico y volvamos a la realidad del pasado, cuando primero el ERP empezó a asesinar militares en Agosto del 73 y luego lo acompañaron los Montoneros, que pasaron a clandestinidad meses después de la muerte del Teniente General Juan Domingo Perón el 1 de julio del 74.

Por entonces se convencieron de que sus miles de militantes podían formar un ejército clandestino que les permitiría tomar el poder imponiendo a Firmenich como presidente de la república socialista.

Antes de su muerte, el viejo general había ordenado la eliminación selectiva de la guerrilla erpiana y montonera, así como sus ideólogos.

La tristemente célebre triple A asesinó a 1.000 de ellos.

Luego vino el golpe de marzo del 76 y en pocos meses estaba liquidada la cúpula erpiana.

La conducción montonera, por su parte, se fue al exilio, dejando a sus miles de combatientes y militantes a merced de una represión salvaje que utilizó el cuchillo del carnicero cuando correspondía el bisturí del cirujano.

Es verdad que de los 8.000 desparecidos la mitad de ellos no habían participado de hechos de sangre y fueron salvajemente sin que hubiera motivo para ello.

De los 4.000 restantes fueron ejecutados 3.000 y cerca de mil se transformaron en detenidos aparecidos que colaboraron con las fuerzas armadas delatando a sus compañeros y ahora son el núcleo duro de la venganza, la amnesia, las mentiras y las injusticias a la que luego se sumaron abuelas, madres e hijos.

La falsificación de la historia es la que los pinta como jóvenes que ayudaban en las villas miseria, olvidando su entrenamiento militar en Cuba.

También se esconde que ejercieron una violencia tremenda, asesinando a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en un número que supera el millar.

El gobierno de Raúl Alfonsín juzgó a las juntas militares y amnistió a los oficiales intermedios.

Menem, por su parte, dictó los indultos y ambos tendieron a la pacificación nacional.

Después los Kirchner nombraron una Corte Suprema que consideró al terrorismo de estado como delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible, lo que coincide con la Corte Penal Internacional que deja de lado principios del derecho penal como la irretroactividad de la ley y la cosa juzgada.

Hasta ahí fue lo jurídicamente válido, aunque cuestionable, pero no alcanzó.

Después empezó la segunda etapa.

La de los testigos falsos -es decir, detenidos aparecidos que delataron a sus compañeros asesinados- que empezaron a declarar cualquier cosa.

Y las madres, abuelas e hijos, que presionan a la justicia para ésta condene sin pruebas, cosa que están logrando.

Todo esto no tiene nada que ver con la imprescriptibilidad de los delitos.

Hay que aportar pruebas reales para condenar.

El deseo de justicia se transformó entonces en una caza de brujas interminable, descendiendo a ser una simple herramienta política del Frente para la Victoria.

Así fue como se desnaturalizaron los deseos de justicia.


Guillermo Cherashny

miércoles, 24 de marzo de 2010

VIVIR SIN PAPA

Arturo Larrabure es un hombre del interior de la provincia de Bs. As.

Tiene la tranquilidad que hace mucho perdieron los porteños.

Curiosamente pese a su condición de víctima adoptó una actitud poco común entre quienes sufrieron la violencia terrorista, generalmente proclives a la resignación y al culto del silencio.

Arturo, en cambio, quiere contar su historia, siente la necesidad de realizar su cruzada personal de reinvidicar la ética de su padre cuando enfrentaba la muerte en manos de los terroristas.

Tiene necesidad de justicia.

¿Cómo fue vivir sin papá?

Fue la pregunta que me sirvió para iniciar la charla.

Sus ojos cambiaron la forma de brillar y sintió necesidad de carraspear antes de decirme: aunque ya lo escribí en mi libro “Un canto a la Patria”, volver a recordar, por breve que esto sea, implica sumergirme mucho más profundamente en el océano del pasado.

Pasado que vuelve y me acecha constante, una y otra vez, pasado que es presente.

Un incesante y descarnado dolor lacera mi espíritu y supera el dolor físico de mil formas y de distintas maneras.

Con apenas quince años de edad viví el secuestro largo e interminable de mi padre, el entonces mayor del Ejército Argentino, ingeniero militar que se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, provincia de Córdoba.

Era una noche de sábado, un 11 de agosto de 1974.

Era el tiempo de un gobierno democrático en Argentina, el de Isabel Perón, quien había asumido después de la muerte de su esposo, el general Perón.

A mi temprana edad nada hacía presumir que esa misma noche mi vida como la de todos mis familiares cambiaría para siempre.

En una acción terrorista un grupo fuertemente armado se lo llevó, desconociendo por muchos días su estado de salud, su estado de ánimo.

Nuestras comunicaciones fueron pocas, escasas, imprecisas pero imperiosamente necesarias para no perder todas las esperanzas del reencuentro.

Recordar la angustia y la desesperación de esos días es siempre la misma tortura.

Sólo con la aparición de su cadáver, pudimos comprender lo que por momentos nos aterrorizaba, un trato inhumano, torturas, delgadez extrema, golpes, toda la atrocidad que mentes enfermas y perversas pueden imaginar, existió.

Un ser completamente ultrajado.

Mi padre, un hombre noble y bueno.

En esos días de angustia y desesperación, de no saber exactamente nada, se debe recurrir a todas las fuerzas y recursos para no caer en la enfermedad, en la tristeza profunda y en la melancolía.

Se terminó bruscamente la vida normal y comenzó el transitar buscando explicaciones ante lo tremendamente inexplicable.

Ante tamaña agresión no hubo ni hay explicaciones, ni reparaciones.

Crecer en la adolescencia en ese contexto, sin ese padre, transformarse rápida y necesariamente en adulto, tomar el rol de “hombre de la casa”, con esa horrible realidad es casi indescriptible.

He aprendido que uno trata de borrar todo aquello que le hizo tanto mal, prefiere olvidarlo aunque es imposible.

En esos aciagos días para sobrevivir con dignidad, uno debe recurrir a todo lo que ha acumulado de bagaje para soportar lo peor, buceando en lo más profundo, ahondando en la fe para mantener la esperanza del momento definitorio que separa lo real de lo imaginario, la vida de la muerte, la tristeza infinita de la alegría del reencuentro.

Así transcurrimos por más de un año, sobreviviendo.

Así morimos y nacimos miles de veces, así sentimos que lo real y transcendente vive en la fe y en la creencia profunda que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo sabe…y la verdad brillará con todas sus fuerzas, con todas sus luces.

Desolación, angustia, miedo, dolor y la espera que desespera y la esperanza que se desvanece una y otra vez.

A más de treinta años de nuestra tragedia el daño es casi irreparable, evitemos definitivamente, con todas nuestras pocas fuerzas la mentira y la hipocresía, sólo así la paz perdida volverá a nuestro espíritu.

Una sociedad íntegra debiera velar por ello.

No hay derechos para estos seres humanos.

No existen.

Arturo Cirilo Larrabure
Licenciado

martes, 23 de marzo de 2010

EDUARDO LUIS DUHALDE o DAMIAN ?

"La jueza María José Sarmiento no puede negar que su padre estaba imputado en delitos de lesa humanidad", dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación.

¿Lo dijo como Eduardo Luis Duhalde, abogado y funcionario, o como ´Damián´, su apodo en los días cuando frecuentaba a Montoneros y ERP?

El cuerpo médico forense recomendó ayer por la tarde que el militar retirado Luis Alberto Sarmiento no sea trasladado a Misiones porque padece una "enfermedad degenerativa" y no está en condiciones físicas de afrontar el viaje. Buena ocasión de recordar quién fue Duhalde

El 6 de septiembre de 1971, aproximadamente a las 15:40, un numeroso grupo de internos (14 de ellos subversivos y 4 comunes) se dio a la fuga de la unidad carcelaria, luego de agredir con armas de fuego al personal del penal.

Según los textos de los Autos y Vistos, firmados por el juez de la Cámara Federal actuante, César Black, y el secretario Martin Anzoátegui, más el telegrama inicial emitido por la Delegación de la Policía Federal a la Cafepe (Cámara Federal Penal), murieron 5 agentes y 3 resultaron gravemente heridos.

Todo comenzó al ingresar en el penal un camión cargado con garrafas destinadas a la granja de la cárcel, donde trabajaban varios de los presos del PRT-ERP.


Concluida la descarga, el camión se dirigió a la salida donde detuvo su marcha por un aparente desperfecto, justo frente a la guardia.

Aquí, había algunos de los reclusos esperando el inicio de las acciones.


Los presos estaban autorizados a vender los productos de la granja que ellos explotaban en las inmediaciones del portón de acceso.

Otros se hallaban en el interior del local esperando entrevistarse con su letrado, que esta vez fue partícipe de los hechos.

Para el éxito del operativo fueron necesarios varios pasos:

1. reducir a los integrantes de la Sala de Guardia;
2. reducir al personal administrativo y cortar los teléfonos;
3. detener a una treintena de efectivos policiales que se encontraban en sus dormitorios y
4. controlar a los guardias de las garitas.


Se alcanzó la fuga de los terroristas pero no pudieron saquear la Sala de Armas, gracias a la férrea resistencia del jefe de Guardia y el oficial de Tiro y el sargento encargado de cuidar la sala.

Entre los evadidos más importantes se encontraban Benito Urteaga, Juan Manuel Carrizo, Manuel Negrín, Roberto Coppo, Juan Santiago Mangini, Luis Yñaez, Ramón Rosa Jiménez (a) ´Ricardo´ o ´El Zurdo´, Humberto ´Gerardo´ Pedregosa (cuadro militar y miembro del Comité Central del PRT-ERP) y Carlos Benjamín Santillán (casado con la escribana María Cristina Lanzillotto, hermana de Ana María, esposa del ´Gringo´ Menna.

La fuga del penal de Villa Urquiza fue un eslabón más de una serie de acontecimientos que manifestaban una violenta escalada subversiva en la Argentina.

Asalto de bancos, ocupación de comisarías, asesinatos en plena vía pública de policías y empresarios, secuestro de diplomáticos extranjeros y atentados con bombas, conformaban un muestrario siniestro con el que los habitantes estaban obligados a convivir.

Cuando la Cámara Federal Penal (Cafepe), o el denominado ´fuero antisubversivo´, comenzó a funcionar diligentemente, muchos de los autores materiales de los atentados y sus cómplices comenzaron a poblar las cárceles del país.

Coincidentemente, en este clima de ´guerra armada´ revolucionaria, el viernes 3 de septiembre se constituyó la Asociación Gremial de Abogados, que se convertiría en la cantera de donde saldrían los defensores de los presos.

Muchos de los profesionales -por qué no decirlo- eran ´simpatizantes´ o simplemente ´miembros´ disfrazados de las organizaciones armadas.

Todos en el ambiente judicial lo sabían.

Pero nadie de los integrantes de la Cafepe los descalificó.

En definitiva, la ´justicia burguesa´, a la que las organizaciones armadas soñaban destruir si ganaban, les dio a todos la oportunidad de defenderse. Ésa fue la regla de juego, su fortaleza y su debilidad.

Basta recorrer las causas, observar las listas de los defensores, y se confirmará la repetición de los mismos nombres.

Como no podía ser de otra forma, la lista la encabezaban Rodolfo Ortega Peña y su socio Eduardo Luis Duhalde, jocosamente llamados en el ambiente judicial ´Rómulo y Remo´ o ´el íncubo y el súcubo´.

Atrás venían Rodolfo Mattarollo, Roberto Sinigaglia, Mario H. Hernández, Mario Kestelboim, Esteban Righi, Miguel Radrizani Goñi, Alejandro Teitelboim, Silvio Frondizi, Luis Cerrutti Costa, Gonález Gartland, Vicente Zito Lema, Mario Landaburu, Amilcar y Manuela Elmina Santucho, Isidro Ventura Mayoral, Alicia Beatriz Pierini, Hugo Vaya Narvaja Yofre, Martha Oyanaharte, Jorge de la Rúa, Gustavo Roca, Hipólito Solari Yrigoyen, Felipe Rodríguez Araya, Mario Amaya y varios más.

La asamblea constitutiva -presidida por Mario Hernández y los doctores Alejandro Teitelbaum y Rafael Lombardi, como secretarios- reunió a unas 150 personas.

En su primera declaración pública reclamaron la libertad de "todos los presos políticos y gremiales como Ongaro, Doña, Avellaneda y Tosco. (...) La libertad del doctor Roberto Quiero, víctima de un procedimiento o detención que asombró a la ciudadanía toda por su estilo fuera de la práctica de países civilizados y cuya detención actual resulta una burla al derecho y la justicia".

Roberto Jorge Quieto Algañaraz estaba detenido desde el 7 de julio de 1971.

Entrenado en Cuba (1968), era una de las cabezas más prominentes de las FAR y participó en la ocupación del pueblo de Garín (1970).

Escapó del penal de Rawson (1972) y a su vuelta se convirtió en uno de los jefes de Montoneros (1973).

En diciembre de 1975 fue detenido por las fuerzas legales del gobierno de Isabel Perón y figura en los registros como desaparecido.

Los abogados defensores de los procesados fueron: César Calcagno, Amílcar Santucho, Manuela E. Santucho, Iván Federico Essen, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, Héctor L. Vidal Albarracín, José María Martinelli, Mario Hernández, Mario Landaburu, Alicia Beatriz Pierini, Adalberto Cavila y Miguel Radrizzani Goñi.

Dos cuestiones a destacar:

1. la mayoría de los evadidos fueron recapturados por la policía tucumana en forma casi inmediata y fue felicitada por el juez Black.

Ocurre que se puso en evidencia que era una institución ya fogueada por haber estado operando en una ´zona caliente´ elegida como teatro de guerra por la subversión;

2. los hechos tuvieron una limitada repercusión periodística a pesar de la enorme crueldad ejercida.

Sólo mereció una atención especial en la prensa tucumana.

La explicación debería hallarse en los tiempos que se vivían.

Juan Baustista Jofre


lunes, 22 de marzo de 2010

EL EX MONTONERO EDUARDO LUIS DUHALDE

Calificó de "disparate" los dichos de la jueza Sarmiento

El secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, dijo que Luis Alberto Sarmiento estaba procesado por crímenes de lesa humanidad desde febrero de 2008, y que la secretaría que comanda se presentó como querellante en junio de 2009.

El montonero secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, aseguró que Luis Alberto Sarmiento, cuya detención fue pedida por la justicia, estaba procesado por “crímenes de lesa humanidad” desde febrero de 2008 y recordó que la secretaría a su cargo se presentó como querellante en junio de 2009.

En ese sentido, señaló que "lo que dijo la jueza Sarmiento es un disparate", en referencia a declaraciones de la hija del nuevo imputado por el régimen K en las que afirmó "sentirse perseguida".

La conferencia de prensa fue brindada por Duhalde y otros funcionarios de la secretaria de derechos humanos.

Allí expusieron los antecedentes de Sarmiento, padre de la jueza que falló contra el Fondo del Bicentenario y contra la remoción de Martín Redrado como presidente del Banco Central.

"La señora Sarmiento -continuó Duhalde-, hija del represor citado, dio a entender en los medios televisivos que la orden de detención de su padre es una represalia" por los fallos contra el gobierno nacional.

"Eso es un disparate y totalmente falso; la cronología de los hechos así lo demuestra".

"Es exactamente al revés", afirmó el secretario.

"La jueza Sarmiento no podía ignorar que su padre estaba procesado por crímenes de lesa humanidad por requerimiento de fiscal" desde 2008 y que, en representación del gobierno nacional, "la secretaría de derechos humanos se había presentado como querellante el 11 de junio de 2009".

Por eso la magistrada "debió excusarse cuando le tocó actuar por el Fondo establecido para pagar la deuda externa y por la remoción de Redrado", pero, en cambio, "intervino y falló en contra del gobierno nacional", explicó Duhalde.

"¿Quién utilizó los estrados judiciales para ejercer presión o represalias?", fue la pregunta que insinuó el ex terrorista Duhalde.

El subsecretario Luis Alen, quien compartió la mesa con Duhalde, comenzó leyendo los antecedentes del anciano Militar detenido ayer:

"El Coronel (RE) Luis Sarmiento, en mayo de 1971, fue designado Jefe de Inteligencia del comando del cuerpo II del ejército con el cargo G2 (que es el cuarto en importancia)".

"(Luis) Sarmiento fue acusado del crimen de Ángel Brandazza, integrante de la ‘Juventud Peronista’, a quien secuestraron 28 de noviembre de 1972 y fue sometido a torturas por las que falleció”.

“Además, la Comisión Bicameral investigadora del poder legislativo de Santa Fe sindicó a Sarmiento como uno de los responsables del secuestro y de la aplicación de torturas a Brandazza: dos policías lo confesaron así.

El expediente por el que avanzaba esa investigación fue archivado luego del 1º de julio de 1974, es decir luego de la muerte del entonces presidente Juan Perón”.

“En diciembre de ese año, Sarmiento pasó a retiro y se incorporó a la SIDE que dirigía Otto Carlos Paladino (reconocido por ser parte de la Alianza Anticomunista Argentina).

En sus nuevas funciones fue enviado a formarse en contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, en Panamá. Ese fue el ámbito en el que estudiaron la mayoría de los dictadores y torturadores de América Latina”.

“El 24 de marzo de 1976 (al momento del golpe de Estado), Sarmiento había llegado a ser jefe de inteligencia en Posadas y fue designado ministro de Gobierno y director de la policía de Misiones. Estuvo en esas funciones hasta el 17 de marzo de 1977”.

“Según lo informado por la unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, en esa área funcionaron ocho centros clandestinos de detención.

Desde 1977 participó de grupos de tareas que operaban en el Ministerio de Justicia”.

“Los cargos por los que se lo imputan son privación ilegitima de la libertad; privación ilegitima de la libertad agravada por torturas y torturas seguidas de muerte por 43 hechos cometidos durante la dictadura”, informó la secretaría.

Al finalizar la lectura, Alen dijo que "si a la Jueza la asusta cómo avanza la Justicia en la ‘causa’ contra su padre, a quienes forman parte de la secretaría los asusta los crímenes que Luis Sarmiento había cometido".

Luego, el subsecretario Martín Grass hizo un “relato” sobre “cómo había sido torturado y golpeado en Rosario” por el anciano Militar detenido ayer y relató “cómo habían asesinado a Brandazza en 1971”.

“Hoy todos vemos a un señor mayor inválido, pero cuando tenía 40 años esa persona torturó y asesino. Fue parte de la dictadura, y no puede quedar impune”, aseveró.

Además, Grass explicó que, “más allá del castigo que le corresponde por los delitos de lesa humanidad que cometió, debe hacerse justicia para que a nadie se le crucen por la cabeza ideas conspirativas de un gobierno elegido por el pueblo".


viernes, 19 de marzo de 2010

ALEGATO DEL CAPITAN ALFREDO IGNACIO ASTIZ

MANIFIESTO

Tribunal Oral Federal N° 5

Alfredo Ignacio Astiz por DERECHO PROPIO en el marco de la causa N° 761 (ESMA) y causas derivadas digo:

PERSONAL

Me llamo Alfredo Ignacio Astiz, soy Capitán de Fragata de la Armada y nací en Mar Del Plata el 8 de noviembre de 1951, este ultimo dato para esos eminentes escritores que confeccionaron, según asevera el fiscal, en una “...minuciosa investigación”, detalladas biografías de mi persona, equivocándose sin embargo frecuentemente, aun en estos antecedentes tan básicos y fáciles de obtener.

A pesar de lo que algunas personas puedan creer, gracias a la formación recibida en mi hogar familiar, soy democrático y por sobre todo profundamente republicano, no compartiendo ideales con ningún totalitarismo ya sea de izquierda, como el comunismo y el nacionalsocialismo o de derecha, como algunos fundamentalismos político-religiosos.

Con respecto el Proceso de Reorganización Nacional, más allá de lo que pueda pensar sobre la necesidad y oportunidad del mismo, dada mi condición en esa época de oficial subalterno, (Teniente de Corbeta), era un tema completamente ajeno a las competencias y obligaciones que me imponía el servicio.

¿QUÉ ES EL TERRORISMO?

Para entender que ocurrió en nuestro país en los años 60 y 70 es imprescindible comprender primero que es el terrorismo

El terrorismo es un fenómeno mundial, cuyos ataques contra la vida humana y los bienes, no solo han provocado angustia y sufrimiento a las victimas individuales, sino que a menudo han tenido efectos de gran alcance en la vida de una nación, e incluso en el curso de la historia.

Ya en 1937, la Sociedad de Naciones, en un proyecto denominado “Convención para la Prevención y Represión del Terrorismo”, que nunca entro en vigor, lo definía como “Todos los actos criminales dirigidos contra un estado y destinados o calculados a crear un estado de terror en el animo de las personas en particular o un grupo de personas o el publico en general”.

Otra definición, actualmente en vigor, precisa al terrorismo como “Una sucesión de actos violentos perpetrados en forma indiscriminada, de modo que mediante el estado de terror generado en la sociedad, logre la conquista del poder”.

En nuestro país, los derechos humanos que hoy dicen defender los extremistas y sus seguidores, eran entonces inexistentes para ellos y por lo tanto no tenían ningún valor para limitar sus operaciones. La doctrina terrorista exigía que toda consideración humana debía ceder paso a la exigencia de tomar el poder para los sectores sociales oprimidos, a quienes se adjudicaban representar, incluyendo el ejecutar actos de violencia inauditos contra una población civil indefensa.

Tal era así, como lo ampliaremos más detalladamente en el titulo siguiente, que cualquiera de los argentinos en los años 60 y 70 podía “sentir” sin dudas lo que era el terrorismo; de hecho lo vivía y lo padecía día a día .

PRINCIPALES ANTECEDENTES DEL TERRORISMO EN LA ARGENTINA

Desde antes de los años setenta las diversas organizaciones armadas terroristas persiguieron la conquista del poder político de la Nación, mediante la violencia.
Toda esta maniobra se encontraba dentro del marco internacional de la llamada ”guerra fría”.

Un hito importante para la obtención de los objetivos buscados por los extremistas fue la organización de la “Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina”, más conocida como la “Tricontinental”.
La misma fue convocada por la Unión Soviética a través de Fidel Castro en enero de 1966.
Su finalidad era unir a los movimientos armados del “Tercer Mundo” adeptos a la violencia en contra del imperialismo y sostener la lucha armada.
Se debe hacer notar que, en ese mismo año, durante la presidencia del Dr Arturo Illia, y a consecuencia de los hechos arriba relatados, la Cancillería Argentina condenó el apoyo de Cuba y de la Unión Soviética a los movimientos terroristas existentes en nuestro país.

Los delegados de América Latina que asistieron a la “Tricontinental” constituyeron en esa oportunidad la “Organización Latinoamericana de Solidaridad” (OLAS) con la pretensión de unir e impulsar, al cobijo de la Unión Soviética y Cuba, la lucha armada en el continente para la toma del poder.
A la reunión inicial, ocurrida el 31 de julio de 1967, concurrieron entre otros los terroristas Norma Arrostito, Roberto Quieto y Fernando Abal Medina.

El 14 de febrero de 1974, Cuba oficializo la “Junta de Coordinación Revolucionaria” conformada por las organizaciones terroristas más representativas.
Su objetivo era unificar las fuerzas revolucionarias, cohesionar el quehacer de lucha y asegurar la dependencia de los grupos extremistas al gobierno de la isla.
Quedaba instituida así una organización terrorista continental dirigida por la Unión Soviética y Cuba.

Al respecto, en el año 1998, en ocasión de un foro organizado por la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, el dictador Fidel Castro dijo entre otras cosas “...en el único lugar donde no intentamos promover la revolución fue en México.
En el resto, sin excepción, lo intentamos”.

Para visualizar mejor las consecuencias del accionar terrorista en la Argentina que, como ya quedo demostrado, fue apoyado abiertamente por Cuba y la URSS, podemos citar entre otros los siguientes atentados cometidos durante los gobiernos constitucionales del año 1973 a 1976, para que quede claro que las organizaciones extremistas no luchaban contra ninguna tiranía o dictadura, sino únicamente para la toma del poder:
Secuestros seguidos de muertes del Teniente Coronel Ibarzabal, (1974) del empresario Daniel Kraiselburd (1974), del empresario Gregorio Manoukian (1974), del Teniente Coronel Larrabure (1975), del cónsul Estados Unidos de Norte América en Córdoba John Patrick Egan (1975), y del Vice Comodoro Echegoyen (1976). Los asesinatos de los sindicalistas Klosterman (1973), Rucci (1973) y Coria (1974), del ex ministro Mor Roig (1974), del ex-camarista Quiroga (1974), de los profesores Genta y Sacheri (1974), y del Gral. Cáceres Monie y su esposa (1975).
Se debe mencionar que también cayeron victimas del accionar terrorista los niños Maria Cristina Viola (3 años, 1974), Juan Eduardo Barrios (3 años, 1977) y Gladis Medina (13 años, 1977).

También estremecieron a la Nación los asaltos y copamientos del Regimiento de Caballería 10 de Azul, de la Fabrica Militar de Villa Maria, y del Batallón Fray Luis Beltrán de Santa Fe así como los intentos de copamiento del Regimiento de Infantería 17 de Catamarca, del Comando de Sanidad, del Regimiento de Infantería 29 de Formosa, y del Batallón 601 de Monte Chingolo y como sucedió posteriormente, el 23 de enero de 1989, el intento de copamiento del Regimiento de Infantería 3 “La Tablada”.

Para resumir, hasta ahora se han hallado y registrado 1748 casos de secuestros, 1501 casos de asesinatos mientras que los atentados en general alcanzan la increíble cantidad de 21.000 casos.

No debe dejar de enfatizarse que algunos de los terroristas autores de esos sucesos, hoy poseen placas que reivindican su accionar criminal en el llamado “Parque de la Memoria”.

Los incidentes narrados, tanto por la ingerencia de la Unión Soviética y Cuba en las organizaciones extremistas, como por el resumen de sus acciones armadas cometidas desde los años 1973 a 1976, demuestran claramente que:

1)El terrorismo en la Argentina fue consecuencia de un plan originado y conducido por los estados de la Unión Soviética y Cuba, es decir lo que grupos presuntamente desinformados o directamente mal intencionados hubieran calificado como “Terrorismo de Estado”, de no haber sido las organizaciones extremistas afines a esos grupos.
De todas maneras, la expresión “Terrorismo de Estado” es falaz y contradictoria por lo cual no puede ser usada seriamente sino con efectos escandalosos o propagandísticos. Nada mejor que lo escrito al respecto por la Audiencia Nacional de la Justicia de España, Sala de lo Penal Sección Segunda en Auto Numero 8/2008 referida a la extradición de Maria Estela Martínez de Perón donde dice: “La expresión terrorismo de estado no existe, es desafortunada, el estado no puede subvertirse a si mismo”.
Se puede entonces afirmar que la ya excedida frase “Terrorismo de Estado” es un término creado por grupos cómplices al mismo extremismo para disimular y justificar su propio accionar y a la cual no se la puede tomar seriamente.

2) Ciertas organizaciones extremistas aducían que eran parte de la “Resistencia Peronista” como consecuencia de la revolución que había removido del gobierno al General Perón en 1955.
Los numerosos atentados, algunos de ellos ya relatados anteriormente, cometidos por esas organizaciones contra los gobiernos constitucionales de origen peronista, entre los años 1973 y 1976, echan por tierra esta teoría cuyo único fin era encubrir el real propósito de los extremistas, el cual era la toma del poder del estado a través de la violencia, de acuerdo con la definición ya citada de terrorismo.
Al respecto, el ex miembro del PRT, Luis Mattini en una entrevista con un periodista lo reconoció al decir: “No nos chupemos el dedo.
Esta bien la pregunta, porque ahora hay una cantidad de compañeros que se hacen los blanditos. La historia es la historia y hay que hacerla con la verdad.
Pero la verdad es que nosotros nunca pensamos en democracia.”
De la misma manera, Martín Caparros, en el Diario “Critica”, con motivo del alegato del General Dn. Luciano Benjamín Menéndez, escribió: Por eso estoy de acuerdo con el hijo de mil putas cuando dice que “los guerrilleros no pueden decir que actuaban en defensa de la democracia”.
Tan de acuerdo que lo escribí por primera vez en 1.993, cuando vi a Firmenich diciendo por televisión que los Montoneros peleábamos por la democracia: mentira cochina.
Entonces escribí que creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder, que incluso lo cantábamos: “Con las urnas al gobierno/ con las armas al poder”, y que falsear la historia era lo peor que se le podía hacer a sus protagonistas.
En esos tiempos los extremistas pensaban que llegaría un momento culminante de la revolución en el que todos los enemigos serian pasados por las armas, tal como lo había establecido Lenin cuando manifestó “la violencia es la partera de la historia”.

OBEDIENCIA DEBIDA

Para comprender las obligaciones legales, más allá del deber patriótico, que llevaron a los militares a combatir contra el terrorismo se debe ante todo explicar que es la “Obediencia Debida”.

Este concepto, ha sido desde hace mas de 20 años permanentemente denostado como si fuera el origen de gran parte de nuestros males, y no lo que es, una herramienta imprescindible y única para que las Fuerzas Armadas y de Seguridad puedan cumplir eficientemente sus misiones, que son, respectivamente, brindar defensa y seguridad para las naciones.

La obediencia debida como tal, fue examinada en los diversos ordenes y códigos militares, entre otros por las Reales Ordenanzas Militares Españolas, las Ordenanzas Militares Especiales del Ejercito de Cuyo, dictadas por el Gral. San Martín, las Nuevas Reglas de Disciplina para él Ejército y la Escuadra dictadas por el Gral. Belgrano y el Código Jurídico Militar de fines del siglo XIX.
Se puede decir entonces que la obediencia debida no es un concepto nuevo o exótico, sino por el contrario es un tema que tiene, mas allá de su necesidad, una fuerte y larga tradición en la cultura e historia militar.

En el tiempo de los hechos que se me imputan, se encontraba vigente el Código de Justicia Militar sancionado en el año 1951 por Ley del Congreso Nro. 14.029, promulgada por el entonces presidente Juan Domingo Perón. Es de hacer notar que la referida ley continuo vigente hasta su derogación, hecho ocurrido recientemente.
Demás esta decir que a la totalidad del personal de la Armada, se lo instruía en sus institutos de formación, para cumplir estrictamente la ley citada anteriormente, incluyendo a su espíritu, el cual comprendía a la “Obediencia Debida”.
Por supuesto que a los cadetes, aspirantes y conscriptos de esa época no se los hacia participar en debates de carácter jurídico sobre los deberes que les imponía el código vigente. Tampoco se los instruía con la noción de “debe obedecerse pero no siempre” o sobre la existencia de un mas que dudoso “derecho consuetudinario”.
Por el contrario, se les enfatizaba la obligación del cumplimiento inmediato de las ordenes así como se les explicaba las graves penas a sufrir en caso de su incumplimiento.

El nombrado código definía entre otros delitos a:
1) “Traición” como “Dejar de cumplir total o parcialmente una orden oficial o alterarla de una manera arbitraria para beneficiar al enemigo. (Art. 622 Inc. .5)

2) “Insubordinación” como “...el que hiciera resistencia ostensible o expresamente rehusare obediencia a una orden del servicio” (Art. 667).

3) “Desobediencia” como “...el que sin rehusar obediencia de modo ostensible o expreso, deje de cumplir, sin causa justificada, una orden del servicio. (Art. 674).

Además, el Art. 675 determina que: “ninguna reclamación dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden del servicio militar”.

Es conveniente, también, agregar el Art. 877 que establece que: “Se entiende por acto del servicio todo el que se requiere o tiene relación con las funciones especificas que a cada militar corresponde por el hecho de pertenecer a las Fuerzas Armadas”.

Se debe considerar que el subordinado tenía vedado inspeccionar lo bueno o malo de una orden, debiendo limitarse al carácter de legitimidad de esta.
Para que la orden impartida fuera legitima al militar debería bastarle solamente la palabra de un superior habilitado jurídicamente para mandar.
El subordinado sabia que aunque quisiera y pudiera, dadas las circunstancias, analizar la orden en su intimidad, existían numerosos supuestos que no se le administraban por razones valederas que podía tener su comandante al impartir la orden.

En contraposición, algunos juristas han expresado que los subordinados están obligados a revisar una orden, ya que en caso de ser esta antijurídica no tiene carácter vinculante para quien dice estar sujeto a su cumplimiento.
Si consideramos que reconocidos jurisconsultos, en la tranquilidad de sus despachos, con abundante bibliografía a su disposición, se enzarzan en enjundiosas discusiones sobre la legitimidad o no de determinadas ordenes, es sencillamente ridículo pretender que un militar, muchas veces sin la formación jurídica de los abogados nombrados anteriormente, durante el fragor del combate, en ocasiones bajo fuego enemigo y debiendo tomar decisiones trascendentales, que pueden ser de vida o muerte, a veces en una fracción de minuto, pueda analizar cabalmente una orden.

El mismo Dr. Eugenio Zaffaroni, en su Tratado de Derecho Penal dice ”Cuando al que ejecuta la orden le esta vedado analizarla, no hay para éste acción, trasladándose la autoría con todas sus consecuencias, a quien impartió la orden: éste cumple una acción típicamente antijurídica y culpable; aquel realiza una actividad que ni siquiera le es atribuible, no siendo responsable por el delito ni por sus consecuencias civiles”.

En las ultimas décadas se han realizado experimentos sobre el concepto de obediencia a la autoridad, efectuados por el psicólogo estadounidense Stanley Milgram y posteriormente llevados al cine.
En los mismos se determino como un voluntario civil, es decir sin la formación militar que le impone y le predispone a recibir ordenes, cumplía sin dudar las que le daban, aun cuando estas ordenes pudiesen entrar en conflicto con su conciencia u ocasionar importantes daños a otra persona.

Por todo lo explicado anterior es que se creo el concepto de “Obediencia Debida”.
No para que haya impunidad en el cumplimiento de una orden, como maliciosamente se ha querido instalar, sino que significa que la responsabilidad por las consecuencias del cumplimiento de la orden las asume el superior que impartió la misma.

Es necesario agregar que si bien no reconocer la obediencia debida a un militar es ilegal, es particularmente inmoral no reconocérsela a un suboficial o conscripto, por su bajo nivel de decisión y responsabilidad.
Hoy se encuentran en Prisión Preventiva varios suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que en el periodo de los hechos eran Marineros, Soldados, Cabos o equivalentes y que ni siquiera saben porque están detenidos.

Se puede entonces afirmar que: “No delinque el militar que cumple ordenes, delinque el superior, especialmente Brigadier, Almirante o General, que no se hace responsable de las ordenes que ha dado, o peor aun, el que le niega la obediencia debida a sus subalternos, generalmente con el propósito de evadir su propia responsabilidad”.

LA OBEDIENCIA DEBIDA EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO 1975-1983

La violencia desatada por las organizaciones terroristas fue calificada por la Cámara Federal de Buenos Aires en diciembre de 1985 como una guerra revolucionaria con enemigos de guerra y también afirmo que fue iniciada por las citadas organizaciones armadas contra las instituciones de su propio estado.

A consecuencia de estos hechos, la sociedad en esas épocas se encontraba en un estado de desesperación.
Ya el 21 de junio de 1973, en su segundo discurso desde su regreso el Gral. Perón afirmo: ”Conozco perfectamente lo que esta pasando en el país...
A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar su escarmiento. Dios nos ayude si somos capaces de ayudar a Dios.
La oportunidad suele pasar muy queda. Guay de los que carecen de sensibilidad o imaginación para no percibirla”.

El anterior no fue el único discurso de Perón referido a las organizaciones extremistas. El 20 de enero de 1974, ya como Presidente Constitucional, después del ataque sufrido por la Guarnición Militar de Azul, expreso:
“El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa libre, y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que de lugar”.
Es significativo advertir que el general Perón, al referirse a las organizaciones extremistas, no las llamo “guerrilleros” y menos aun “jóvenes idealistas”, sino lo que simplemente eran: “terroristas”.

Como si el anterior mensaje no hubiera sido suficiente, Perón, el 22 de enero del mismo año en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas dirigió un nuevo mensaje “A los Jefes, Oficiales, Suboficiales, y Soldados de la Guarnición de Azul” y en una parte del mismo afirmo: “...harán que el reducido grupo de psicópatas que van quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la Republica”.

También la Presidente Maria Estela Martínez de Perón, el 6 de septiembre de 1975, con el referendo de sus Ministros Damasco, Garrido, Emery, Corvalan Nanclares, Ruckauf y Arrighi, dicto el decreto N° 2.452, en el que se tipificaba la característica del accionar subversivo sosteniendo que: “...el país padece el flagelo de una actividad terrorista y subversiva que no es un fenómeno exclusivamente argentino, que esa actitud subversiva constitucionalmente configura el delito de sedición; que no se trata de prescripciones o discriminaciones ideológicas, toda vez que nada justifica la asociación ilícita creada para la violencia y los hechos que la produzcan y la fomenten”
Asimismo, el decreto de marras señalaba: “...
En tal situación se encontraba el grupo subversivo autodenominado Montoneros, sea que actúe bajo esa denominación o cualquier otra”.

De igual forma, en su carácter de Presidente Constitucional Interino, el Dr. Italo Argentino Luder, ante la escalada terrorista, tuvo que sancionar los decretos N° 2.770, 2.771 y 2.772 con fecha 6 de octubre de 1.975, el cual subordinaba las Fuerzas de Seguridad y policías provinciales al Poder Ejecutivo y ampliaba la misión de las Fuerzas Armadas a todo el territorio Nacional.

No se puede dejar aparte la conmoción que causo el accionar extremista en el propio congreso. Un ejemplo fueron las palabras del diputado justicialista Stecco que recomendó la sanción de leyes que otorgaban amplios poderes a las Fuerzas Armadas “... sin que con ello se quiebre la libertad para perseguir a los subversivos y matarlos como ratas porque no merecen vivir en este suelo” (Diario de Sesiones, Paginas 2506, 2532 y 2533).

En lo concerniente a la Armada, es importante hacer notar, que mas allá de las ordenes verbales de aniquilamiento y exterminación recibidas por el personal naval de un superior habilitado jurídicamente, como había sido el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas General Juan Domingo Perón, el citado personal cumplía también en ese entonces lo ordenados en el “Plan de Capacidades Internas de la Armada” (PLACINTARA) que fue redactado en el año 1975 durante el gobierno de Maria Estela Martínez de Perón.
Para confeccionar este plan, la Armada se baso en los decretos presidenciales firmados por la ya citada Presidente Martínez de Perón, alguno de ellos mencionados anteriormente, declarando ilegales a las Organizaciones Terroristas Armadas “ERP” y “Montoneros” y ordenando a las Fuerzas Armadas combatir las nombradas organizaciones.
Es importante destacar que por su grado de reserva, “ SECRETO”, la mayor parte del personal naval subalterno, es decir suboficiales y conscriptos, desconocía el contenido del plan y se limitaba a recibir las ordenes, generalmente en forma verbal, que estaba legalmente obligado a cumplir, tal cual lo asumió el Almirante Dn. Luis Maria Mendía en su ultima indagatoria antes de fallecer.

Las Fuerzas Armadas cumplieron entonces con el mandato constitucional, así como con las leyes y decretos vigentes, que les ordenaban combatir contra un enemigo terrorista apoyado explícitamente, y en ciertos casos creado y organizado, por estados extranjeros.
Este enemigo tuvo en todo momento la iniciativa en el uso de la violencia indiscriminada. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad se limitaron a responder el ataque existente, en legitima defensa del Estado y de la Nación.
Al finalizar la ofensiva enemiga las fuerzas nacionales concluyeron la lucha y continuaron adiestrándose para las otras misiones que les imponía el país.

Se puede además decir, que mas allá de las leyes y ordenes verbales y escritas que recibía el personal de la Armada, había un estado de apoyo de la sociedad toda, frecuentemente reflejada en el periodismo de esa época, que pedía que las Fuerzas Armadas combatieran y derrotaran a los terroristas sin importar los costos

Para finalizar este tema, todas estas explicaciones, sobre la obediencia debida hubieran sido innecesarias de haber sido juzgados los hechos que aquí se tratan en el ámbito que legalmente corresponde: la Justicia Militar, ya que únicamente sus integrantes poseen la aptitud, capacidad y experiencia para comprender los deberes y derechos que la Constitución y las leyes le imponen a un soldado.

PRESION SOBRE LA JUSTICIA


Los acontecimientos que causaron la actual situación de los presos políticos en la Argentina comenzaron con un verdadero “Golpe de Estado”, efectuado por el ex presidente Néstor Kirchner a los miembros de la Corte Suprema existente en el año 2.003.
Las vacantes así creadas fueron cubiertas por una “nueva mayoría automática” que aseguro los juicios a los militares y policías que combatieron al terrorismo en los años 70.
Este hecho fue reconocido por el propio ex presidente Néstor Kirchner cuando dijo:”...soy así. No he venido a sentarme de presidente a velar por una formal división de poderes”. (Diario “Ámbito financiero”, ed. del 29-03-07).
Del mismo modo declaró: ”...ahora cuando dicen que mis dichos son una desmesura, gracias a esa desmesura por ahí tenemos una nueva Corte Suprema”.(Diario “Clarín”, ed. del 28-03-07, “La Nación”, ed. del 29-03-07).

La situación se agravo posteriormente con la modificación, por el mismo gobierno, del Consejo de la Magistratura de forma de asegurarse otra “mayoría automática”

De esa manera se explica a la sazón, en la permanente e ilegal presión ejercida por el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura, el funcionamiento irregular y arbitrario de la justicia, especialmente en las causas en que están involucrados agentes del propio gobierno en temas de corrupción así como en las causas vinculadas a la guerra contra el terrorismo.

Es relevante recordar en estas circunstancias los pensamientos de uno de los promotores de la Constitución de Estados Unidos, Alexander Hamilton, cuando dijo que buscaba que el Poder Judicial fuera una ciudadela que sirviera de “barrera contra los abusos y opresiones del poder representativo”.

Por las indebidas ingerencias arriba indicadas, algunos de los que han expresado sus quejas, a veces en repetidas oportunidades son:
1) El presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales, Eduardo Quattropani.

2) El presidente de la Federación Argentina de Magistrados, Abel Fleming.
3) El presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo.
4) El presidente de la Federación de Cortes, Rafael Gutiérrez.
5) La Tercera Conferencia Nacional de Jueces.
6) El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
7) El presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Lami.
8) Varias editoriales del diario “La Nación.”

Pero para resaltar más claramente esta presión, a modo de ejemplo, nada mejor que las siguientes tres imputaciones:

La primera, efectuada por la Federación Latinoamericana de Magistrados con respecto a la actuación del Poder Ejecutivo sobre los magistrados que habían liberado a militares que llevaban mucho tiempo sin condena.
Al respecto, la nombrada federación señala que las denuncias del Poder Ejecutivo condicionan para el futuro, al privar a los justiciables de las básicas garantías de imparcialidad.
Se debe dejar constancia que esta declaración se realizo después que la presidente Fernández de Kirchner dijera textualmente “ llegamos al disparate de jueces que intentaron dejar en libertad al Capitán Astiz justo el día en que yo estaba en la Escuela de Mecánica de la Armada participando con la Embajada de Francia en una exposición”.

La segunda realizada por el abogado Martín Gutiérrez que integraba el Tribunal Oral de Santa Fe como subrogante en una causa motivada por hechos presuntamente ocurridos en la guerra contra el terrorismo.
El citado abogado pidió su excusación, que le fue concedida por la Sala Dos de la Cámara de Casación, porque se sentía coaccionado por las declaraciones amenazantes de varios funcionarios, entre ellos la presidente Fernández de Kirchner.
“Ellos señalaron – dijo Gutiérrez – que quien tiene la responsabilidad de entender, como el subscripto, en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad cuando emiten fallos contrarios a las pretensiones perseguidas por el estado nacional “comparten la ideología represiva”, “favorecen a los represores del genocidio” y deben ser sometidos a jury de enjuiciamiento”.
Gutiérrez cuestiono que la presidente hubiera pedido la remoción de los jueces de casación que liberaron a militares que estaban presos sin condena.

La tercera , expresada por el profesor Jaime Malamud Goti que dijo:”...fue el propio presidente Kirchner quien, desde el principio de su mandato, propuso como política central que los criminales deberían ser juzgados y la verdad debía ser conocida.
Desde el comienzo de esta movida gubernamental, se desarrollaron las tesis más estrafalarias sobre las razones para anular una ley. Las construcciones legales dan para mucho, especialmente cuando no existe la costumbre de respetar el precedente”
Del mismo modo afirmo el citado profesor “...el proceso es demasiado unilateral para ser percibido como justo”

ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL JUZGAMIENTO DEL COMBATE CONTRA EL TERRORISMO

Actualmente la justicia esta considerando únicamente los hechos ocurridos en el combate contra el terrorismo desde el 24 de marzo de 1976, de acuerdo con el Decreto 158/83, firmado por el presidente Raúl Alfonsín, que extrañamente ordenaba juzgar solo los hechos posteriores a ese tiempo. Esta restricción da lugar a preguntarse:
¿Por qué el gobierno instaurado en el año 1.983 no ordeno investigar los hechos anteriores a esa fecha?
¿Por qué los jueces y fiscales de la llamada “Causa 13”, al haber tomado conocimiento de hechos anteriores a ese tiempo, no actuaron de oficio o hicieron las denuncias correspondientes, en lo que podría haber configurado un posible delito de prevaricato?

Por otra parte, a lo largo de mas de 25 años de ser acosado por los tribunales, profundizándose esta situación a partir del año 2003 y encontrándome hace mucho tiempo privado de mi libertad, me he dado cuenta que existen para el aparato legal argentino, a consecuencia de fuertes presiones del Poder Ejecutivo, tres clases de personas:
1) Las personas a las que no se les aplica la ley, teniendo impunidad para cortar rutas y caminos, defraudar al estado, usurpar terrenos y viviendas, tomar comisarías, comerciar con drogas y aun violar y matar seres humanos, sin que su accionar les ocasione ningún inconveniente legal. Esta clase es la usuaria de la famosa “puerta giratoria” de los tribunales.
2) Las personas comunes, a las cuales se les aplica la justicia en forma inflexible, pero en el caso de ser ellos los demandantes al estado, florecen los artilugios, reticencias y chicanas para evitar los fallos favorables a estas personas. Si aun así la resolución judicial beneficia a este grupo, el estado directamente rechaza acatar la sentencia.
3) Las personas que tienen estado militar o policial, en especial el personal que presto servicios entre 1976 y 1983, al cual no le comprenden las garantías constitucionales ni legales, siendo valido cualquier indicio en sus contra, aun aquellos que violan el derecho natural y que serian motivo de escándalo en un juicio penal común.

Se puede afirmar entonces, sin la menor duda, que hoy, cualquier militar o policía que haya prestado servicio en esos años, por ese solo hecho, puede ser privado en forma indefinida de su libertad con el único argumento de la llamada “lesa humanidad”, delito no tipificado en ningún código argentino en los años en que supuestamente ocurrieron los hechos que se imputan actualmente.
Para confirmar ese hecho basta con el Oficio N° 149/08”C” de fecha 15 de diciembre de 2.008, firmado por el Jefe de la Armada, Almirante Dn. Jorge Omar Godoy y dirigido a la Ministro de Defensa Dra. Nilda Celia Garre. En el mismo se remite los legajos del personal de oficiales y suboficiales de la Armada que revistaba en esos años en la fuerza y aclarándose que “...se continúan con las tareas de búsqueda y en la medida que se constaten nuevos datos, serán inmediatamente informados”.
Posteriormente los citados legajos fueron reenviados a la Dirección Nacional de Derechos Humanos según consta en el mismo documento.

Sintetizando, un militar o policía que haya recibido la orden, de un gobierno constitucional, de combatir al terrorismo en el año 1.975, fue encausado por cumplir esa orden, por otro gobierno constitucional a partir del año 1.983.
Este es el mismo gobierno que en 1.987 ordena, a través de dos leyes declaradas constitucionales por la Corte Suprema en varias oportunidades, finalizar las nombradas causas, pero, a partir de septiembre de 2.003, un nuevo gobierno nombra una nueva corte, que vuelve a abrir las causas cerradas anteriormente, en una actitud que parecería esquizofrenica.
Ese soldado o policía no solicito ni participo en ninguna de las decisiones mencionadas arriba ni integro las sucesivas composiciones de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, creadores de este fárrago vergonzoso.

Hoy nos encontramos con que los que defendieron la Nación, muchas veces a riesgo de sus vidas, se encuentran en los tribunales para ser juzgados, mientras que los agresores se encuentran en libertad, algunos de ellos en importantes cargos públicos.
Es notable la semejanza con la situación de inseguridad presente, donde hay gente honesta detenida por defender su propiedad y aun su vida, mientras que los delincuentes son rápidamente excarcelados, volviendo muchos de ellos a matar.

Para reafirmar la persecución a la que hago referencia, me limitare a hacer un listado solo de algunos de los derechos vulnerados que han afectado al personal uniformado y desarrollaré con mas detalle los llamado casos ” Hagelin” y “Cementerio de General Lavalle”, demostrando los prevaricatos cometidos por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la primer causa citada y del juez instructor en la segunda causa.

Los derechos vulnerados son:
1) Irretroactividad de la ley penal.
2) Inaplicabilidad de la ley más benigna.
3) Igualdad ante la ley.
4) Juzgamiento por tribunales y comisiones especiales.
5) Aplicación de tipos y normas penales no contempladas en la legislación positiva al momento de la presunta comisión de los hechos.
6) Violación de la cosa juzgada.
7) Violación al derecho de propiedad.
8) Violación al derecho a la libertad.
9) Presunción de inocencia
10) Aceptación de testigos a los que les comprenden las generales de la ley

EL CASO HAGELIN Y LA “LESA HUMANIDAD”

Por el caso de la ciudadana argentina Dagmar Hagelin fui juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en el año 1982, decretándose mi sobreseimiento.
La medida fue apelada por el fiscal de ese consejo y elevada a la Cámara Federal, de acuerdo a la inconstitucional reforma, por sus consecuencias, que el presidente Alfonsín promovió y promulgo luego de la intervención del Congreso Nacional en la reforma del Código de Justicia Militar.

Al hacerse cargo en forma irregular, como ya lo he dicho, de la mencionada causa la Cámara Federal de Buenos Aires, la misma ya estaba prescripta.
A pesar de ello, el nombrado tribunal, inicia las actuaciones ignorando este hecho y me priva de mi libertad a fines del año 1984.
En los primeros meses de 1985, gracias al accionar de mis defensores, se logra el procesamiento de todos los testigos que presento la querella, en total siete, por falso testimonio.
Casualmente en ese preciso momento la cámara se dio cuenta que la causa estaba prescripta, dictándome el sobreseimiento por ese motivo, aun a pesar de un escrito mío solicitando la continuación de la instrucción hasta su total esclarecimiento.
La querella apela el fallo y posteriormente la Corte Suprema de Justicia confirma mi sobreseimiento por prescripción en la ya citada causa “Hagelin”.
Evidentemente la Cámara Federal ajusta su accionar a la doctrina que años mas tarde la corte suprema de la democracia utiliza para declarar la constitucionalidad y validez de los indultos otorgados a terroristas procesados como es en el caso “Daleo”.

Si bien yo no estaba satisfecho de la forma que se había producido mi sobreseimiento, mis defensores y varios amigos míos abogados me hicieron saber que el tema era “COSA JUZGADA”, por lo que di por terminado el asunto, confiando en la seguridad jurídica que todo fallo judicial firme supone.

Sin embargo, en marzo de 2009 vuelvo a ser procesado por la causa Hagelin, es decir soy claramente juzgado dos veces por la misma causa, sin que los funcionarios involucrados manifiesten el menor pudor a pesar de mi enfática queja y defensas opuestas.

El problema para la justicia argentina es que la causa Hagelin pone en evidencia la falacia y el consecuente prevaricato en que incurre la Corte Suprema de Justicia en los casos Simón y Arancibia Clavel al dictaminar que las causas de derechos humanos son imprescriptibles.
En efecto, el alto tribunal determino la imprescriptibilidad de los delitos por ella llamados de “lesa humanidad”. Digo por ella llamados ya que los mismos, como he dicho anteriormente, no se encontraban tipificados ni en el Código Penal de la Nación ni en el Código de Justicia Militar, que era el que correspondía al personal involucrado, en la época de los hechos que pretendidamente se cometieron.
Para esquivar este problema jurídico de imposible resolución, la corte ignora el derecho positivo, mandatario, de acuerdo con la Constitución Nacional, en las causas penales y usa un inexistente derecho consuetudinario.
Este derecho, en caso de ser existente, es valido solo para causas de otros fueros, pero no para la justicia militar ni la penal ya que en ambos casos la analogía esta expresamente prohibida, tal como el mismo ministro de la Corte Suprema Dr. Eugenio Zaffaroni afirmo, en una entrevista dada recientemente a la “La Nación Revista” el 3 de enero del 2010, comentando el fallo suyo sobre la “felatio”, cuando dijo ”La ley penal se interpreta en sentido estricto”.

Con referencia al derecho consuetudinario, teóricamente anterior a los pretendidos hechos, que se refiere la ultima corte, el mismo estaría supuestamente incorporado, aunque en forma muy ambigua, al haber ingresado la Republica Argentina a la Organización de las Naciones Unidas, suceso ocurrido en el año 1948.
Ahora bien, ¿si existía un derecho consuetudinario desde el año 1948?, ¿porque primero la Cámara Federal de Buenos Aires y luego la Suprema Corte, en pleno gobierno democrático, en el año 1985, ignoran la “lesa humanidad consuetudinaria” y por ende la imprescriptibilidad, dictándome un sobreseimiento por prescripción en la causa Hagelin?.

También podemos preguntarnos, ¿si existía un derecho consuetudinario desde 1948?, ¿por qué en el año 2006 la Argentina ratifica el “Estatuto de Roma”, quedando entonces tipificada la “lesa humanidad” si la misma se encontraba tipificada en el “derecho consuetudinario”?. Es significativo aclarar además, que la implementación de este tratado, a través de la Ley 26.200/07, prohibía específicamente la irretroactividad y determinaba la subordinación del susodicho tratado internacional al Art. 18 de la Constitución Nacional.

La respuesta a ambas preguntas es simple:
Ese derecho consuetudinario no existía. Estuvo solo en la mente de algunos de los integrantes de la corte para poder justificar la increíble voltereta legal, una vulgar chicana jurídica, efectuada con el único fin de encarcelar injustificadamente miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que combatieron al terrorismo y como ya lo he dicho anteriormente, cometiendo prevaricato.

De igual forma, si los crímenes de “Lesa Humanidad” hubieran sido una categoría preexistente a la década del 70, de acuerdo con la ultima opinión de la actual corte, entonces no se ve porque no la imputo el presidente Raúl Alfonsín en los Decretos 158/83 de enjuiciamiento a las Juntas Militares y 280/84 de enjuiciamiento al General Ramón Camps.
Por similares motivos, tampoco se ve porque el Congreso de la Nación no la incluyo en la Ley N° 23.049 de reforma al Código de Justicia Militar. Por iguales razones, no se ve porque no la imputaron los Fiscales Strassera y Moreno Ocampo ni en la causa 13/84, ni en la causa 761 ”ESMA”, ni en la causa 450 “Suárez Mason”.
Tampoco se ve porque El Dr. Eugenio Zaffaroni, miembro de la presente Corte Suprema que reconoció el “Jus Cogens”, al intervenir en el pasado como juez en la resolución de hábeas corpus de presuntas desapariciones, como fue en el caso de Inés Olleros y en uno de los casos de la iglesia de Santa Cruz, no dictamino, en esas oportunidades, que los mismos se tratasen de delitos de “lesa humanidad”.

Adviértase, además, el escándalo jurídico que resulta que por un lado, a un Comandante en Jefe se le declara la prescripción de los delitos de privación ilegal de la libertad agravado por robo, y por otro, a oficiales subalternos suboficiales y conscriptos, de jerarquía y responsabilidad muy inferior a la de los comandantes, se los persiga afirmando la imprescriptibilidad de esos mismos delitos.

Para ahondar en este tema, es interesante hacer notar el fallo de la Corte de Casación de Francia, la cual confirmo el sobreseimiento al general de esa nacionalidad Aussaresens, el que reconoció que, durante la Guerra de Independencia de Argelia, había secuestrado y torturado a prisioneros.
El Alto Tribunal señalo, ente otras cosas, que Francia había adherido a los Tratados Internacionales que tipificaban la “lesa humanidad” con posterioridad a los hechos, por lo que de ser estos aplicados se violaría el principio de irretroactividad.
Al ser Francia miembro de las Naciones Unidas aun antes que nuestro país, evidentemente la jurisprudencia de su corte no coincide con la posición de la nuestra acerca de la ley consuetudinaria, ya que al ingresar ese país a la organización internacional no incorporo ningún derecho consuetudinario tipificando la “lesa humanidad”.

Todos estos criterios han sido confirmados por el constitucionalista Dr. Jorge R. Vanossi al decir: ”La aplicación retroactiva de las Convenciones de Derechos Humanos resulta improcedente en el derecho argentino”.
También, el mismo constitucionalista expreso:”...la reforma constitucional de 1.994 no dispuso la primacía de las normas internacionales sobre las garantías constitucionales”

Igualmente, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales manifestó: “Ningún habitante de la Nación Argentina puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”.
La misma academia, ante la recurrencia de algunos ministros de la Corte a citar la costumbre internacional, a la que asignan el poder de derogar normas constitucionales, afirmaba: Los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal mas benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no solo están en el texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu.

Para finalizar, no se puede pasar por alto, que aun de haber existido en esa época, el ya nombrado delito de “lesa humanidad”, tal cual lo sostiene erróneamente la Corte Suprema, el mismo no seria de aplicación a las fuerzas que combatieron al extremismo. Esto es así porque el Estatuto de la Corte Penal Internacional, vigente en nuestro país actualmente, como ya ha sido expuesto, tipifica a ese delito como un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, que obviamente no era el caso de las organizaciones armadas terroristas de esas épocas.

EL CASO “CEMENTERIO DE GENERAL LAVALLE”

Durante los años 2004 y 2005 se exhumo un número de cadáveres del Cementerio de General Lavalle, determinándose que se efectuaran sobre esos restos los exámenes necesarios a fin de tratar de determinar la identidad de los mismos.

Los ensayos presuntamente establecieron que algunos de los restos correspondían con la filiación de algunas personas supuestamente detenidas en proximidades de la Iglesia “Santa Cruz”.

La presunción a la que hago referencia es que, por estar en esa fecha ya procesado por los hipotéticos hechos, no se me permitió, a pesar de mi requerimiento, nombrar a un perito de parte a fin de verificar la seriedad de los exámenes así como la comprobación del necesario cuidado que deberían haber tenido las muestras a analizar, lo que me ha generado dudas sobre la veracidad de los citados reconocimientos.
Por supuesto que siempre estoy dispuesto, y al mismo tiempo reclamo, que se hagan nuevamente las pruebas de identificación, pero esta vez con todos los cuidados legales y científicos que las mismas requieren y que no se cumplieron anteriormente.

¿QUE SIENTO DE LA JUSTICIA ARGENTINA?

Siento que es una justicia permanentemente subordinada a las necesidades políticas del momento, donde la mayoría de sus integrantes, desde la Corte Suprema hasta los jueces federales, tal cual se ha señalado anteriormente en este trabajo, se avinieron a emitir sus fallos de acuerdo a las ordenes del Poder Ejecutivo a través de su titular, ministros y/o otros funcionarios así como también de acuerdo a la presión recibida por el Consejo de la Magistratura.

Siento que en estos 25 años, cualquier garantía a mi favor, así sea un concepto indiscutible del derecho, no se aplica, mientras que cualquier pretensión de la querella y de la fiscalía, aunque vulnere la constitución o el derecho natural se aplica de inmediato.

Siento que en la Argentina de hoy un, “preso político” es un sujeto al cual se lo priva de todos los derechos, pero se hace una escenografía que da la impresión de que goza de esos derechos.

Siento que la Corte Suprema, sin razón que lo justifique ha variado de manera camaleónica sus criterios sobre la legalidad y constitucionalidad de las llamadas “Leyes de Obediencia Debida y Punto Final” así como de los indultos.
Los hechos relatados han violado la plena observación de la supremacía constitucional, establecida en el Art. 31 de la ley fundacional la cual, hasta el dictado de estos fallos, jamás había sido puesta en duda en los precedentes jurisdiccionales del mas alto tribunal.
Estas controvertidas decisiones han sido el disparador de la creciente inseguridad jurídica que azota a la Nación en todos los campos del derecho.
En el campo personal tal conducta ambivalente me ha causado perjuicios, los cuales oportunamente deberán ser resarcidos.

Siento que si bien la Corte Suprema es la última interprete de las leyes, algunas de esas interpretaciones, por lo rebuscadas, desafían cualquier sentido común y dan lugar a sospechar de oscuras manipulaciones.

Siento que, después de tanto tiempo tratando con la justicia, en caso de ser inocente de un hecho, quisiera ser juzgado por la justicia militar, mientras que si soy culpable de ese mismo hecho, quisiera ser juzgado por la justicia civil.

Siento que el Juez Torres, al cual nunca he visto personalmente, a pesar de su obligación legal, ha dictado y mantenido mi prisión preventiva por mas de un lustro, clonando ilegalmente la causa 14217/03 y aplicando, como mejor le convenía a el, al fiscal, a las querellas y a su mandante los tratados internacionales y el derecho positivo interno de manera parcializada, tendenciosa e incompleta.

Siento que entre los motivos aducidos por el juez Torres para pretender justificar mi prolongada prisión preventiva sin condena se encuentra el peligro de una hipotética fuga.
Dado que en todas las numerosas oportunidades en que fui citado por un juzgado o tribunal, siempre me presente en el debido tiempo y forma, es decir, siempre me mantuve a derecho, no existiendo, en consecuencia, causas para esta exagerada e ilegítima prisión.

Siento que la Corte Suprema ha mantenido “congelada” mi excarcelación por mas de un año, a pesar de no ser un asunto de su competencia, para cumplir las órdenes, expresadas en forma abierta y publica en diciembre del 2008 en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada por la presidente Fernández de Kirchner de que se impidiera mi liberación.

Siento que en la prisión donde estoy detenido, al ver muchos septuagenarios y aun octogenarios cruelmente encarcelados, violando las leyes escritas al respecto, en un lugar inadecuado para ellos, que lo que se busca no es la justicia sino la venganza a través del martirio y en algunos casos la muerte de los mismos.

Siento que los integrantes del llamado tribunal oral federal N° 5, siendo experimentados abogados, saben, en su intimidad, que todo lo actuado es inconstitucional y que ninguno de los aquí imputados debería estar sentado en estos banquillos.

Para justificar su incalificable accionar, los nombrados jueces intentan eximirse de responsabilidad amparándose en una pretendida “Obediencia Debida”, hecho del que deberán hacerse cargo cuando vuelvan a imperar las instituciones de la republica.

Siento que este tribunal que, pocos días antes de empezar a sesionar, fue modificado arbitrariamente por el mismo Poder Ejecutivo que ordeno impedir mi excarcelación, designando a un juez recusado y apartado en causas de este tipo por manifiesta parcialidad, se ha convertido en una comisión especial de facto, prohibida por el Art. 18 de la Constitución Nacional.

Siento que este tribunal que, comprometiendo el sistema jurídico, comenzó apresuradamente esta causa por ser emblemática para la querella, esta menospreciando, de hecho, la importancia de otras causas existentes a causa de la guerra contra el terrorismo.

Siento que todos los testigos de la querella están afectados por odio, venganza, enemistad, ideología o simple interés pecuniario, es decir adolecen de la imparcialidad indispensable para estar comprendidos dentro de las “Generales de la Ley” según el derecho universal.

Para evadir este obstáculo, y dado que no hay mas testigos en contra de los imputados, la justicia los ha presentado bajo el eufemismo de “testigos necesarios”, es decir “necesarios” para lograr una condena falaz ordenada por el Poder Ejecutivo, pero con un símil de legalidad.

Siento que todos esos mismos testigos necesarios tienen, a diferencia de la mayoría de los seres humanos, una característica notable:
A medida que pasa el tiempo se acuerdan cada vez mas de hechos ocurridos hace mas de treinta años, eso si, con una notable aunque sospechosa uniformidad.

Siento que el fiscal Taiano que solicitó, con gran diligencia, la elevación de esta causa a juicio oral a pesar de los falsos testigos, es el mismo que, con la misma diligencia, no apelo la causa por enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner, a pesar del dudoso peritaje en que se baso, lo que me genera dudas de la independencia del Poder Ejecutivo que tiene el fiscal en este proceso..

Siento que los que promueven esta persecución judicial no son los combatientes de antaño, con los cuales discrepo en sus ideas y acciones, pero reconozco el arrojo que demostraron en la lucha por su causa.

No creo que logremos la reconciliación pero si la concordia con esos combatientes, ya que como dijo Santo Tomas de Aquino,
“...el mas sedicioso es el tirano que fomenta discordias en el pueblo para poder dominar con mas seguridad: eso es tiránico, por encaminarse al bien peculiar del presidente con daño de la multitud” (Suma Teológica 2-2 q.42, a.2)

Siento que los que si promueven esta persecución son personajes oscuros que usan el resentimiento y el odio para hacer pingües negocios a través de desmesuradas y millonarias indemnizaciones, que han sido pagadas o tendrán que ser soportadas por los impuestos que aporta todo el pueblo argentino.

Siento que estoy siendo juzgado por hechos supuestamente ocurridos hace más de treinta años, no siendo esta demora atribuible a mi responsabilidad, ya que me mantuve siempre a derecho.
Este exagerado atraso ha causado que la mayoría de mis jefes, que hubieran podido y debido poner en contexto mi conducta, han fallecido, lo que me ha perjudicado.
Por este motivo es que solicito se de lectura a la última indagatoria del Almirante Dn. Luis Maria Mendia prestada ante el juez Torres en el año 2007.

Siento que si realmente quieren saber que paso en la guerra contra el terrorismo, deberían juzgarnos, como legalmente corresponde, por nuestros jueces naturales, es decir la Justicia Militar.

Siento que este permanente hostigamiento sobre las fuerzas armadas y de seguridad esta creando en ellas una desmoralización que las puede incapacitar en el futuro para cumplir efectivamente sus funciones de defensa, mientras que ya las esta incapacitando actualmente para cumplir debidamente sus funciones de seguridad, habiéndose creado por eso un estado de temor general en la sociedad.

Siento que ustedes dicen que viole la ley para combatir el terrorismo y ustedes mismos están violando la ley para inventarme una condena, la cual ya debe estar escrita en sus despachos.

Siento que la encarcelación u otra privación grave de la libertad física, a veces seguida de muerte, por motivos políticos, que sufren, como parte de un ataque organizado y sistemático, el grupo de personas que combatió en el pasado al terrorismo, estaría comprendido, de acuerdo con el Estatuto de Roma, en un delito de “lesa humanidad”, el que actualmente si se encuentra tipificado, y por ende es imprescriptible.

Todos los responsables e implicados en esta persecución, por acción u omisión, deberán responder, en el futuro, de los actos ilegales que han cometido o ayudado a cometer.

Siento que los hechos que he relatado han causado en mi persona un hastío y repugnancia que me lleva a ratificar una vez mas mi desconocimiento a todos los jueces civiles que pretenden suplantar a los jueces naturales que la Constitución Nacional me asignó desde el momento en que ejercí la profesión militar.
Consecuentemente informo a todos los aquí presentes que renuncio a ejercer mi defensa, negándole validez, en consecuencia, a cualquier acto de cualquier naturaleza y especie que se produzca en esta sala.


ALFREDO IGNACIO ASTIZ
CAPITAN DE FRAGATA