EL SUPUESTO SUFRIMIENTO DE URUGUAY

EL SUPUESTO SUFRIMIENTO DE URUGUAY

En su torrencial mensaje al Parlamento al inaugurarse el período parlamentario, la señora presidente de la Argentina se condolió de los presuntos sufrimientos que aparentemente nos afligen a los uruguayos. 

En el contexto de una larga tirada en contra de la Justicia, dijo: 

"Miren si no lo que está sufriendo el pueblo de Uruguay. 

El repudio de distintas personalidades y países frente a una política que niega el cumplimiento de los elementales derechos humanos a los que tiene derecho toda sociedad".

Ante todo, digamos que no es aceptable que un jefe de Estado se introduzca en la vida política de otro Estado, por más cercano y hermano que éste sea.

¿Qué le parecería al Gobierno de la Argentina que el presidente de Uruguay, por ejemplo, cuestionara sus actitudes hacia la prensa o considerara peligrosa su propuesta de reforma judicial? 

Elementales códigos de convivencia internacional imponen a todos los Estados el recíproco respeto a su vida interna, especialmente cuando se trata de países democráticos, cuya vida institucional se encuadra dentro de sus normas y se vive conforme a sus hábitos.

Dicho esto, hablemos claro sobre los episodios a los que se refería la mandataria. Se trata de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una absurda ley "interpretativa" de la amnistía a los militares ("ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado") que en términos prácticos anulaba sus efectos. 

La resolución motivó las iras de algunos grupos radicales que, en un acto inaudito de patoterismo, ocuparon la sede de la cabeza del Poder Judicial, pretendiendo impedir el traslado de una jueza, uno en 16 traslados de los que rutinariamente realiza. Por ambos motivos, el tal traslado y la declaración de inconstitucionalidad, la bancada parlamentaria oficialista lanzó una andanada de agravios contra la justicia y hasta llegó a amenazarla con un disparatado juicio político. 

Cuando sus fallos sobre la materia le han agradado, sólo hubo aplausos, como cuando la justicia exceptuó de la amnistía varios casos referidos a militares, policías y civiles de la época de la dictadura. 

Si el pronunciamiento no agrada, en cambio, se lanza una andanada impropia de un país en que la separación de poderes es principio histórico, que nos viene desde las "Instrucciones" artiguistas de 1813.

La ley interpretativa se sabía de antemano que era inconstitucional; así lo habían dicho una y otra vez los juristas consultados por el Parlamento. 

¿Por qué lo es? 

Porque pretendía retrotraer la tipología delictiva de "delitos de lesa humanidad" a una época en que no existía, violando así el histórico principio liberal de la irretroactividad de la ley penal más gravosa.

Bueno es recordar que la salida pacífica de Uruguay hacia la democracia se hizo sobre la base de tres leyes, una que amnistió a los guerrilleros que habían atentado contra la Constitución, pretendiendo instaurar por medio de la violencia un régimen marxista; otra que estableció reparaciones a funcionarios postergados y otras víctimas de la dictadura, y una tercera que amnistió a los militares por sus delitos en la época dictatorial. 

O sea que hubo dos amnistías, una para cada lado.

Por cierto, las amnistías son siempre discutibles por ofrecer una solución racional a una situación pasional, pero ellas han sido, a lo largo de toda nuestra historia, el obligado final al conflicto sangriento, cada vez que se quiso mirar hacia adelante y pacificar el país.

Más allá de todos los debates éticos, lo indiscutible es que: 

1) esas amnistías resultaron eficaces y lograron su afán pacificador, sin que se sufrieran más rebrotes guerrilleros o militares, como los que infortunadamente vivió la Argentina; 

2) que ambas tuvieron apoyo popular, porque la ley de amnistía a los militares fue ratificada plebiscitariamente dos veces por la ciudadanía, en abril de 1989, al principio de un año electoral, y en noviembre de 2009, junto a la elección presidencial que consagró a José Mujica.

Éste fue el camino uruguayo. 

El cambio en paz. 

Desde 1985 hasta hoy, han gobernado tres partidos diferentes, sin zozobras ni violencias. 

El pueblo acompañó el esfuerzo y si también extendió a los militares el perdón que había dado a los guerrilleros, fue por su afán de mirar hacia adelante sin rencores: si se abría el capítulo de la persecución a todos los hechos de la dictadura, se abriría también el de los tantos crímenes de la guerrilla que no habían tenido sanción y el país se condenaría a mantener abiertas las heridas del pasado. 

La inmensa mayoría de los uruguayos repudió todas las formas de la violencia política, lo reiteró con el voto y, si algo ha hecho la justicia hoy, es respaldar el Estado de Derecho. 

Nosotros no compartimos muchos de sus pronunciamientos anteriores, pero los acatamos, así como respetamos éste, que preserva garantías fundamentales.

Desgraciadamente, hay uruguayos de débil convicción democrática, que no respetan los pronunciamientos de la ciudadanía, y los de la justicia, sólo cuando los entienden favorables a su causa. 

No son los más, felizmente. 

La mayoría, si de sufrimiento se trata, sólo padecemos cuando no se acata a la justicia ni al voto popular. 

O cuando no se respeta nuestra dignidad nacional, con jefes de Estado que desde fuera de fronteras se entrometen en nuestros debates.