Cada vez que leo una noticia sobre los mal llamados “juicios a los militares” o un alegato en defensa propia de los acusados, como el que recibí hoy del Capitán de Corbeta Ricardo Cavallo, siento el mismo asco que sentiría una persona a la cual se la obligara a sumergirse en un pozo ciego lleno de excrementos.
Todo ese andamiaje, hipócritamente caratulado como “juicios”, no es nada más que un intento fallido de aparentar que se cumplen ciertas formalidades procesales para llegar a una conclusión preestablecida y única:
Todos los militares son culpables y los terroristas son inocentes porque están en el poder.
La verdad es que las Cámaras Penales han sido convertidas en “tribunales populares” ante los cuales las decisiones políticas tomadas en base a la ideología marxista que nos tiraniza, prevalecen sobre la Constitución y la ley.
Es inútil intentar argumentar con esta banda de facciosos.
Algunos militares lo intentan.
Comprendo su desesperación al encontrarse secuestrados y en condiciones inhumanas por voluntad de las fieras que los retienen.
Pero me pregunto si no sería más inteligente dejar sentado claramente que se trata de una arbitrariedad organizada al servicio del odio, para la cual las leyes nada importan ni tampoco las pruebas, y estigmatizar sin lugar a dudas la fantochada siniestra para que no tenga ni siquiera la apariencia de un juicio legal.
Presentando una defensa “técnica” obviamente inocua para los detentores del poder, se contribuye a crear la apariencia de una cierta legalidad.
Si el “acusado” se limitara a recusar a los jueces, tachar a los testigos y descalificar al tribunal como una “cheka” del odio y después guardaran un silencio despectivo dejando sentado para la Historia su rechazo de toda legitimidad a esos falsos procesos, creo que se ganarían dos cosas:
1) dejar una prueba irrefutable para la Historia de la arbitrariedad de que son víctimas y
2) tener la satisfacción de haber usado la única arma que les queda, o sea, el Derecho, aunque no se lo reconozcan.
Yo no soy penalista pero debo confesar mi poco aprecio por esa rama del Derecho, no porque sea irrelevante
(¡cómo habría de serlo si en sus ambientes está en juego la libertad y la vida de los hombres!)
Sino porque aún la jurisprudencia y la práctica normales del Derecho Penal son de una pobreza intelectual inaudita.
Soy abogado hace más de 50 años y he actuado en lo penal muy pocas veces, pero todas ellas me han dejado la impresión de que los abogados y los jueces que en ese ambiente se mueven se clasifican notoriamente en dos categorías:
a) los jueces y abogados justos y de sentido común y
b) los jueces y abogados “técnicos” que usan la técnica como una máscara para su capricho, sus odios o su codicia.
Gracias a Dios he conocido a un juez de los que pueden inscribirse en la categoría mencionada en primer término.
Los demás no.
Y desde que empezó este circo de los “juicios” a los militares, sólo he visto jueces de la clase (b).
De los abogados no juzgo porque no los conozco pero me sospecho que muchos de ellos actúan más por temor a esos jueces que por amor a la Justicia.
Todo esto viene a cuento porque he leído en los diarios del 21/4/2010 que han sido condenados a 25 años de prisión los generales Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen.
Ambos tienen más de 80 años y el primero está en el campo de concentración de Marcos Paz y el segundo muy enfermo en el Hospital.
Por lo tanto, esas condenas no son más que una burda y vesánica obra del odio y no de la Justicia.
El Gral. Bignone también fue condenado a la misma pena (“Clarín”21/4/2010, pag. 15).
Los Grales Riveros y Verplaetsen son dos señores de calidad, dos soldados de la Patria.
A los cuales no se les probó ni se les puede probar ninguno de los crímenes por los que los condenan.
Esta sentencia de los camaristas del Tribunal Oral Federal Nro. 1 de San Martín, Prov, de Buenos Aires, Marta Milloc, Héctor Segretti y Daniel Cisneros no vale absolutamente nada.
Ni siquiera vale el precio del papel en el que esté escrita.
Y ellos lo saben.
Pero también saben que si no condenan, se condenan.
Hace 7 años que estamos obligados a presenciar estas parodias judiciales.
Hace 7 años que somos culpables de no llamar a las cosas por su nombre.
Vuelvo a decir: no soy penalista y por eso no me atrevería a ofrecerme como defensor de ninguna de esas víctimas de la furia tiránica.
Pero por ser abogado hace 50 años puedo dejar planteada mi perplejidad.
¿Por qué los abogados defensores no dejan absolutamente en claro que todo esto es una farsa y permiten que los “tribunales populares” que se disfrazan con títulos rimbombantes, como el de ” Tribunal Oral Federal Nro. 1 de San Martín”, decidan la suerte de sus defendidos con apariencia de legalidad?
No sé si algún día la fuerza, que hoy convalida la injusticia, estará del lado de la Justicia.
Pero si sé que a los ojos de Dios y de la Historia, dejar las cosas claras es esencial, porque revela la convicción de la inocencia de los acusados.
En cuanto a estos, tanto les da estar secuestrados en los campos de concentración de la tiranía después de haber intentado en vano una defensa como si creyeran en la imparcialidad de los jueces o después de haberlos rechazado in limine como figurantes de una escenificación del odio.
Cosme Beccar Varela