lunes, 4 de junio de 2012


CADA VEZ MENOS LIBERTAD


Estamos siendo gobernados por un sistema autoritario de poder? 

¿Argentina funciona como una 'autocracia de origen democrático', donde, como sostenía Guillermo O'Donnell en sus escritos, aparecen 'totalmente disociadas' la 'legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio'? 

La prohibición de usar la moneda que uno cree más conveniente para no perder capacidad de ahorro es solo la última de una serie de decisiones oficiales que afectan seriamente la libertad individual de las personas. 

No pensemos solo en quienes tienen capacidad para comprar muchos miles de dólares y venderlos cuando sea buen negocio. 

Reparemos en los jubilados y pensionados argentinos que viven fuera del país y no pueden retirar de los cajeros automáticos el dinero que les corresponde por decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Detengámonos en las empleadas que trabajan en casas particulares y los albañiles que, hasta hace poco, giraban todos los meses unos pocos dólares a sus familias, por ejemplo, en Paraguay. 

Y ahora vayamos un poco más allá. 

Preguntémonos por qué, una persona o una familia que gana mucho dinero, de una manera lícita, no puede usarlo como se le antoja, o no puede reclamar por su derecho a hacerlo, aunque viva en Barrio Norte, Recoleta o Puerto Madero. 

O seamos más sencillos todavía y analicemos si no tiene derecho y razones para indignarse alguien que por un lado siente coartada su decisión de manejar sus ahorros como mejor le parece y por el otro escucha y lee que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la mayoría de sus ministros siguen invirtiendo en dólares, porque la consideran una apuesta confiable.

Es cierto: este 2012 no tiene nada que ver con aquel fatídico diciembre de 2001. No es lo mismo la prohibición de comprar y vender moneda extranjera que la imposibilidad de sacar dinero del cajero automático ante las mínimas necesidades de consumo.

Sin embargo esta decisión compulsiva e innecesaria que la atribuyen a Guillermo Moreno Y Ricardo Echegaray y que ha sido convalidada por la Presidente Fernández 

¿no parte del mismo principio con el que se decretó el fin de la convertibilidad? 

¿No es, acaso, un cepo, más limitado, pero igual de arbitrario? 

¿No son parecidos, ya que es casi imposible salir del esquema sin un enorme daño para la economía en general? 

Sería una exageración presentar a este gobierno como una dictadura, porque no está regido por una junta militar, porque los organismos que expresan la existencia de una división de poderes existen y funcionan -aunque no lo hagan de una manera plena- y porque no hay una represión generalizada, ni asesinatos en masa. Tampoco se puede hablar de totalitarismo, porque a pesar de poseer algunas de sus características, como el uso y abuso de la propaganda oficial, la confusión entre Partido y Estado, la exaltación de la figura del líder y la búsqueda 'de un hombre nuevo' y 'fundacional' hay una parte de la sociedad que se resiste a ser dominada, y lo expresa como puede, a través de los medios de comunicación que todavía no han sido colonizados por el aparato oficial.

Sí se puede utilizar la categoría 'autocracia de origen democrático' para definir el estilo de gobierno y el momento político actual. 

Un estilo que incluye la persecución a los que piensan distinto y la protección a los altos funcionarios sospechados de corruptos. 

También el uso de la caja para crear nuevos medios y asfixiar y hacer desaparecer a otros pero también para instalar enormes mentiras como el índice de inflación oficial o manipular la historia personal de los gobernantes, a quienes hacen aparecer siempre como héroes.

Hasta el final de la presidencia de Néstor Kirchner, no había habido, en la historia reciente, un gobierno de origen democrático que detentara tanto poder. 

Pero ahora mismo Cristina Fernández lo supera con creces. 

Y no solo por el uso pleno de los superpoderes que le permite usar decenas de miles de millones de pesos fuera de presupuesto y sin necesidad de rendir cuentas. 

No solo por la utilización de la recaudación no coparticipable más espectacular de toda la historia. 

No solo por la capacidad para usar el dinero de las reservas del Banco Central como mejor le parezca. 

También por el dominio casi pleno de los fiscales y los jueces del fuero federal y la capacidad de cooptación de dirigentes opositores y periodistas que antes fueron críticos y ahora cobran sueldos en distintos medios oficiales o para oficiales.

El verdadero problema con vistas al futuro es que este tipo de gobiernos, para prevalecer en épocas de desaceleración económica y alta inflación, necesita cada vez más restricciones y más cercenamientos de las libertades personales y colectivas. 

Si la Presidenta le preguntara a cualquiera de los economistas argentinos más respetados en el mundo su receta para salir del atolladero, seguro le recomendaría lo que vienen haciendo hace algunos años Brasil, Chile, Perú y Uruguay, para no irse tan lejos. 

Pero eso equivaldría a normalizar el INDEC, bajar la inflación a niveles tolerables, usar las reservas del Banco Central para que el tipo de cambio acompañe el aumento del costo de vida y generar confianza para obtener más inversión directa. 

Es decir: decisiones normales para países normales. 

Pero esto es algo que no requiere de un relato épico, ni de una dramatización constante, ni de la fabricación de enemigos funcionales para permanecer en el poder. Todo lo contrario a lo que es y representa hoy la jefa de Estado y el gobierno que preside.

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