Para ellos todo fue válido: el asesinato artero por la espalda; la colocación de bombas; la instalación de cazabobos en puertas, correspondencias, edificios y autos; el asalto a cuarteles y asesinato de conscriptos; el robo de aviones; el apriete a jueces, profesores y empresarios; el homicidio de inocentes, viejos, jóvenes y niños; la infiltración en familias elegidas como objetivos, enviando adolescentes para acercarse a ellas haciéndose pasar por amigos de los hijos para luego, una vez ganada la confianza, colocar bombas en el hogar que los recibía y cobijaba.
Dicen que no son crímenes.
Que no son crímenes de lesa humanidad.
El adjetivo califica al sustantivo pero no modifica su entidad: son “crímenes”.
Ninguna sociedad civilizada deja a los criminales sin sanción, y menos los cobija con honores, puestos y consideraciones.
Nada los detuvo: ni un presidente popular como Perón, ni la propuesta de éste a integrarse en el nuevo gobierno acatando el orden instituido.
Hoy el gobierno, ante la indiferencia de los otros poderes del Estado y de la sociedad, que no hacen nada para que éstos tengan una condena legal y moral por los atroces hechos realizados, contiene y paga sueldos a muchos de ellos, ahora devenidos en respetables y prósperos mayores de sentir democrático, miembros del parlamento o del ejecutivo.
Sí hubo otros jóvenes, que por ideales abrazaron la carrera de las armas, los que voluntariamente se sometieron a una dura escuela de carácter y formación profesional militar con el único objetivo de servir y defender a la Patria, acatando las disposiciones legales existentes en un Estado de derecho, en donde la sujeción del militar es mayor que la del civil, pues sus leyes particulares lo constriñen, lo obligan a actuar de acuerdo a reglamentos y procedimientos que en una guerra son diferentes a los que se aplican en los períodos de paz.
Esos jóvenes de entonces, por orden de un gobierno constitucional que no podía, con las fuerzas de seguridad, ni con una justicia jaqueada, atemorizada y amenazada, contener el avance de los terroristas, fueron a una guerra no querida ni deseada; pero allá partieron, con decisión y coraje, a defender lo que consideraron los derechos sagrados de los argentinos. Cumpliendo con su rol en la organización social del Estado, no vacilaron en tributar al país la sangre propia, en sacrificar la juventud y familia para lograr la deseada paz. La situación así lo requería.
Éstos y no aquéllos, fueron los verdaderos jóvenes idealistas.
Conozco perfectamente a esos estoicos guerreros.
Siempre me sentiré en deuda con ellos.
La sociedad debería solidarizarse contra este atropello.
Dicen que hubo errores.
Por cierto que los hubo.
No han existido en la historia de la humanidad guerras asépticas.
Por eso no pueden juzgarse con criterios de la paz, que, por otra parte, fue obtenida gracias a ellos, los hechos que ocurrieron en esa guerra.
Hay dolor, hay valor, hay esperanza.
Esperanza de que los jueces adviertan que no son los jueces naturales de esos hombres, pues cuando les ordenaron ir a la guerra había leyes y justicia militar para juzgar sus conductas.
Éstas han sido derogadas.
No pueden juzgarse hechos retroactivos sino con las leyes en vigencia de entonces.
La patria está rota.
El espíritu de lucha de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y sus familias está quebrado.
Estamos indefensos.
Y en la ausencia absoluta de la autoridad y fortaleza para imponer el orden, avanza generalizada la delincuencia, que se apropia, hasta por diversión, de las vidas de los argentinos.
Y el gobierno, en lugar de fortalecer las instituciones armadas y de seguridad, con reconocimientos materiales y simbólicos, para que nos brinden protección, nos da circo y fútbol, pero no seguridad.
Jorge Augusto Cardoso
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