La justicia no es asegurada fácilmente en ninguna parte del mundo.
Pero en la Argentina hoy está fuera del alcance incluso mencionar en público a las víctimas del terrorismo de izquierda de los años 70, y menos hacer un esfuerzo para obtener para ellas o sus familiares un día en un tribunal judicial.
Inténtelo y, probablemente, sea etiquetado por la izquierda argentina como un amigo fascista del ex gobierno militar.
El políticamente correcto sabe que se supone que los que fueron tratados brutalmente por los guerrilleros que alguna vez Perón llamó "juventud maravillosa" deben ser borrados de la memoria nacional.
La abogada de 35 años y defensora de los derechos humanos Victoria Villarruel rehúsa cooperar.
Fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, en la Argentina, con la misión de documentar los miles de crímenes terroristas cometidos entre 1969 y 1979.
Cree que arrojar luz sobre esa década oscura puede ayudar a asegurar un futuro más justo para todos los argentinos.
Todo el mundo conoce la historia de cómo los militares argentinos tomaron el poder en 1976 y procedieron a aplastar a los movimientos subversivos con crueldad.
Sus abusos de poder fueron legión, y en 1983, finalmente, dieron un paso al costado en medio de la hiperinflación y el caos económico.
Pero la Argentina vivió otra tragedia antes y, en algunos casos, un tiempo después de que los militares tomaran el poder.
Fue una ola de carnicería y destrucción causada por bandas de guerrilleros inspirados por Castro que buscaban tomar el poder aterrorizando al país.
Sus acciones provocaron un caos que llevó al golpe militar.
Sin embargo, debido a la deshonrosa caída del gobierno militar, los terroristas y sus simpatizantes han tenido éxito en volver a escribir esta historia, al describir solamente los crímenes de sus enemigos uniformados.
Algunas personas que son actuales o ex integrantes del gobierno de Kirchner, otros que son congresistas y otros que trabajan en los medios fueron integrantes bien conocidos de organizaciones subversivas.
En una entrevista realizada en noviembre, en Buenos Aires, Villarruel me dijo que ni siquiera los políticos de la oposición hablan de las víctimas de los terroristas porque se ha vuelto tabú hacerlo.
El Estado, según dice, los trata como si nunca hubieran nacido.
Un resultado es que una generación de argentinos ha crecido sin conocimiento de la historia completa de esos tiempos de terror.
El punto de vista de Villarruel es que la verdad y justicia sean reconocidas. Su libro de 2009 ( Los llaman? jóvenes idealistas) es un paso hacia ese objetivo.
Documenta con fotografías y recortes de prensa la devastación que los terroristas le causaron a su propia gente.
"A vencer o morir", el lema del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), aparece en una foto como un grafiti garabateado en un camión.
En el libro, hay fotos de algunas de las miles de víctimas: bebes, adolescentes, diplomáticos, empresarios, jueces, policías.
Algunos fueron secuestrados y asesinados.
Otros quedaron lisiados porque estaban cerca cuando explotó una bomba.
Reclutaban menores para los ejércitos revolucionarios.
Todo valía para los rebeldes que buscaban rehacer su mundo a través de la violencia.
Villarruel describió el trabajo de su centro sobre el terrorismo, basándose en artículos de diarios y conversaciones con familiares y testigos.
Muchos, según afirmó, siguen teniendo temor a las represalias.
Me dijo que el centro ha logrado dar nombre a 13.074 víctimas de los terroristas.
Esos son totales preliminares.
Villarruel está tan preocupada por la precisión de su trabajo que hizo que fuera auditado en forma independiente dos veces.
Prevé que los recuentos finales estarán terminados a mediados de este año.
Es interesante señalar que la cantidad de casos presentados ante tribunales contra el gobierno militar con acusaciones de abuso de poder son menos de 9000.
Mientras tanto, la justificación del gobierno de Kirchner para desestimar a las víctimas del terrorismo de izquierda es el argumento de que fueron víctimas de crímenes comunes y que sus perpetradores ahora están amparados por la prescripción. Pero
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