martes, 25 de enero de 2011

QUIEREN DEGRADAR A LOS GENERALES MENENDEZ Y BUSSI

De acuerdo con lo que parece ser una política de aceleración y profundización de la acción contra las Fuerzas Armadas, el gobierno ha decidido, tal como lo anticipamos días atrás, detener a todo el personal posible -aun aquellos jefes, oficiales o suboficiales que fueron absueltos en distintos juicios-, a los efectos de utilizar este tema durante la celebración del 24 de marzo.

Ese día, que recuerda el pronunciamiento militar reclamado por el estado anárquico en que se encontraba el país en 1976, será utilizado por el kirchnerismo a los efectos de resucitar un asunto esencialmente político que a esta altura de los acontecimientos languidece pese a los esfuerzos propagandísticos del oficialismo.

Según parece, todo esto sería motivo de estudio en la Cámara Federal de la provincia de Tucumán, lo que ha llamado la atención por el comportamiento ajustado a derecho que desempeñaron sus miembros a lo largo del controvertido juicio contra estos prestigiosos militares y otros de menor jerarquía, además de policías que actuaron durante la guerra desatada por la Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez.

Esta fue la estructura rural que montó el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) para abrir un frente rural sin desatender los distintos frentes urbanos que cometían actos de terrorismo simultáneos a los que llevaban adelante los Montoneros y otras organizaciones que por razones tácticas -a veces también por algunas diferencias ideológicas- tenían como objetivo único la conquista del poder por la fuerza.

El peso de la guerra en la selva tucumana -área del Tercer Cuerpo de Ejército, cuyo comandante era el general Luciano Benjamín Menéndez- estuvo inicialmente a cargo del general Acdel Vilas -hoy muerto por razones naturales-, proceso que concluyó el propio Bussi, quien fue designado gobernador.

Posteriormente, Bussi se dedicó a la política local, resultó electo gobernador y diputado nacional y su gestión fue reconocida varias veces y ampliamente a través de las urnas.

No obstante, la política iniciada por el ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, continuada y profundizada por el kirchnerismo, ahora también es utilizada política e ideológicamente y su primera culminación es el virtual desguarnecimiento militar de la República, que debe afrontar los peligros de una total indefinición militar.

Como una escalada cuyo fin se desconoce, Cristina Fernández está interesada en llegar al 24 de marzo con muchos presos y un mensaje que analizará el problema según la documentación que elabora Horacio Verbitsky, convertido en uno de sus principales asesores.

Según se afirma en círculos políticos, para ese día de marzo próximo Cristina quiere completar su análisis político con una modificación substancial en la estructura policial -es decir, en la organización de la seguridad interna- y lanzar lo que podría definirse como un proyecto destinado a orientar los futuros pasos regionales en estos asuntos.

El tema ofrece serias y obvias dificultades pues la realidad política y castrense no es siquiera parecida en los distintos países del área.

Comparemos, por ejemplo, la realidad chilena, tan cercana a Gran Bretaña en lo que hace a los intereses internacionales y los orientados al mantenimiento de determinadas materias primas -con la realidad boliviana, tan próxima a un desastre político e institucional que puede llegar a modificar el escenario estratégico de esta parte del mundo.

Esto también comprende el cercano derrumbe económico de Venezuela -su petróleo ya tiene restringido el mercado norteamericano- cuyo presidente Hugo Chávez ha sido el inspirador de las políticas de izquierdización e indigenismo que ya soportamos en nuestro territorio, con el respaldo a los mapuches en el sur, a los tobas en el norte y que ahora incorporó abiertamente el fenómeno de la droga, un asunto que mezclará a Bolivia, al Paraguay y otras áreas ya comprometidas con más novedades que próximamente saldrán a luz.

Algunos se preguntarán qué relación pueden tener estos temas con la posible degradación de los generales Menéndez y Bussi y su reclusión en cárceles comunes, y la respuesta incluye, entre otras cosas, la enorme carga psicológica que puede tener lo que ya es un verdadero conflicto que obligaría a los jueces a ingresar al pantanoso y reprobable terreno de la prevaricación, que se extendería a otros casos, lo que haría interminable el tratamiento público y político de un drama que tiene más de treinta años de antigüedad, un período de distracción y odios por un lado y expectativas y movilizaciones políticas por el otro, por más forzadas que resulten sus organizaciones, excepto las que controla Milagro Sala que, con el respaldo del oficialismo, fortalece el mercado de la droga con Bolivia y otros territorios.

Carlos Manuel Acuña

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