La imitación de Lula sería inviable porque las fuerzas no tienen respaldo.
Narcos, kirchneristas y ultraizquierda hacia el enfrentamiento violento.
Nada es gratis en política o, dicho de otro modo, es imposible dejar de pagar las consecuencias de los propios actos.
Esto es lo que puede pasarle al gobierno a partir de su giro centrista y su acercamiento al FMI y el Departamento de Estado, porque muchos de sus votantes de la izquierda podrían, disgustados, emigrar hacia Pino Solanas, que los espera con los brazos abiertos.
Algunos sondeos de la ex SIDE ya le señalarían a la presidente este riesgo.
Probablemente por éste y otros motivos, el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, y el presidente del CELS y comisario político de los derechos humanos, Horacio Verbitsky, tuvieron una cumbre hace poco más de una semana para fijar una nueva estrategia en materia de los juicios a los militares.
De acuerdo con lo trascendido, hubo consenso para acelerar la reversión de todas las prisiones domiciliarias que hoy están vigentes, devolviendo a sus beneficiarios a cárceles comunes.
Pero lo más importante es que, para el próximo 24 de marzo, en el inicio del año electoral, deberían estar terminados todos o casi todos los juicios pendientes.
Entonces CFK, ante una plaza colmada, asumiría el rédito político de las condenas en un nuevo alarde antirrepublicano, porque se supone que la administración de justicia no forma parte de la política.
Es cierto que esta maratón de condenas para mantener encandilado al electorado de izquierda aumentaría el malestar militar, sobre todo en los cuadros medios y bajos.
Éstos ya están hoy irritados por la manipulación política de los ascensos y las proscripciones en los mismos por portación de apellido.
En realidad, si la nueva operación kirchnerista termina por generar algún acto de indisciplina, el gobierno lo utilizaría como marketing electoral castigando a los responsables, allegados, familiares, etc.
La criminalización de la protesta
El nuevo show que se está montando para entretener a la izquierda tiene que ver también con el capítulo seguridad del supuesto giro al centro.
La presidente, Aníbal Fernández y desde ya Daniel Scioli, entre otros, estarían convencidos de que el Estado debe tomar la ofensiva en materia de seguridad y seguir los pasos de Lula con la ocupación militar de varias favelas de Rio.
Pero como en la Argentina la intervención militar es políticamente incorrecta, el gobierno en las últimas semanas ordenó que varios contingentes de Gendarmería se trasladen de provincias fronterizas a la Capital y el Gran Buenos Aires.
Obviamente nadie reparó en que, mientras tanto, el comandante boliviano Willy Gareca oficia de okupa en el territorio salteño.
El caso es que, en una pésima imitación de lo hecho en Rio, el gobierno estaría resuelto a ordenar mega operativos en algunas villas de Capital y el primer cordón del conurbano, donde capitalizaría publicitariamente la captura de grandes cantidades de drogas y armas.
Pero no existiría convicción alguna para ocupar en forma permanente esos territorios y colocarlos bajo el imperio de la ley.
Es que, en realidad, habría más que justificadas resistencias en la Gendarmería y la Prefectura, para no hablar de la Policía Federal.
Como ejemplo, basta citar que anteayer la Prefectura se excusó de cumplir la orden judicial de ocupar el campo de batalla de Villa Soldati, aduciendo que no estaba en condiciones de realizar esa operación.
Es que ya son cinco los oficiales de la Federal separados de sus funciones por la represión en el Parque Indoamericano que dejó el saldo de dos muertos.
Los mandos de las fuerzas de seguridad tienen en claro que ni el gobierno ni los jueces y fiscales que compiten por ser más garantistas que el resto respaldarán las acciones de represión.
En este contexto, la intención kirchnerista de seguir los pasos de Lula es probable que termine en un montaje cinematográfico sin ningún resultado serio.
Esto no quita que las fuerzas desatadas por una década de no criminalización de la protesta no se estén escapando de todo control.
El primer síntoma fue el asesinato de Mariano Ferreyra.
El segundo es la batalla inconclusa de Villa Soldati.
En ésta, el parricida Sergio Schoklender es el portavoz del giro centrista del gobierno al denunciar que grupos de narcos habían tomado el control de la Villa 20 (Lugano).
El enfrentamiento directo entre los grupos kirchneristas, la ultraizquierda del PO y el MST y los narcos compone el nuevo escenario de la violencia que hasta puede modificar el curso del proceso electoral.
Un estallido social en Capital y Gran Buenos Aires crearía un nuevo escenario electoral o, en el peor de los casos, hasta podría bajar el telón sobre el escenario.
Coqui
Mientras tanto, el gobernador chaqueño Jorge Milton Capitanich se convirtió en el primer ideólogo de la simulación de centrismo en marcha.
Es el funcionario que tiene mayor intimidad con la presidente y, como ya fue Jefe de Gabinete, conoce a fondo el manejo de la administración pública nacional.
Como dato curioso se menciona un parentesco lejano de este gobernador con el jefe de Montoneros Eduardo Firmenich.
La postulación de Cristina con Capitanich como vice no es por ahora más que una hipótesis, porque en el entorno de Olivos hay quienes insisten en que no habrá reelección.
No se trata de sólo una variante más para la nomenclatura kirchnerista.
Si Daniel Scioli es presidente, no habría garantías de protección política para muchos de los hombres de Kirchner, que podrían terminar en la misma posición que hoy ocupa Ricardo Jaime.
Carlos Manuel Acuña
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