El gobierno del Dr. Raúl Alfonsín formó una comisión especial para tratar de establecer cuantos desaparecidos hubo.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue la comisión de notables creada por el Presidente Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los DDHH entre 1976 y 1983, llevadas a cabo por la dictadura militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional.
Su investigación, plasmada en el libro Nunca Más que fuera entregado a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984, abrió las puertas para el juicio a las Juntas de la dictadura militar.
Fueron sus miembros:
• Ernesto Sabato (escritor y presidente de la comisión)
• Ricardo Colombres.
• René Favaloro (médico).
• Hilario Fernández Long (ingeniero).
• Carlos T. Gattinoni.
• Gregorio Klimovsky (filósofo).
• Marshall Meyer (Rabino).
• Jaime de Nevares (Monseñor).
• Eduardo Rabossi (filósofo).
• Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista).
• Santiago Marcelino López1
• Hugo Diógenes Piucill1
• Horacio Hugo Huarte1
1 nombrado por la Cámara de Diputados de la Nación.
Se nombraron además cinco secretarios
• Graciela Fernández Meijide: Recepción de Denuncias
• Daniel Salvador: Documentación y Procesamiento de Datos
• Raúl Aragón: Procedimientos
• Alberto Mansur: Asuntos Legales,
• Leopoldo Silgueira: Administrativo
Desde entonces hasta 2010 el tema de los desaparecidos se ha mantenido vigente y ha sido utilizado políticamente con mayor o menor intensidad y sin lograr apaciguar los ánimos de los involucrados y menos aun darle una respuesta a la sociedad argentina que cada día descree un poco más tanto de las cifras como de las organizaciones de DDHH.
Pero si algún gobierno utilizó este tema como herramienta de poder es sin duda alguna es el actual.
Con siete años en el poder, con los DDHH como una de sus políticas de prioridades, el kirchnerismo jura no saber cuántas víctimas hubo durante la dictadura.
Por el contrario, se aferra a la cifra mágica de los 30 mil desaparecidos, un número que ya nadie sabe bien de dónde salió.
Y acusa a quienes se atreven a cuestionar esa cifra de hacerle el juego a la derecha más recalcitrante para disminuir la dimensión de la tragedia.
Utiliza, además, a las organizaciones de DDHH como piquetes en contra de todo aquel que no comparta sus políticas.
Les otorgó a los dirigentes de esas organizaciones “súper poderes” a punto no solo de verlos en cada acto oficial en primera fila, sino de asignarles partidas especiales de dinero para la construcción de viviendas, manejo de emisoras de radios, escuelas, universidades sin ningún tipo de control.
El argumento oficial es grandilocuente, pero carece de solides de todo tipo: la aberración criminal del terrorismo de Estado no depende del número de víctimas, y, en todo caso, las cifras más serias que se manejan, que oscilan entre seis mil y nueve mil casos, ninguna organización seria vinculada a los DDHH pudo -a la fecha- aportar prueba alguna que lleguen a los nueve mil.
De cualquier manera las cifras son muy impactantes y revelan la magnitud de la herida provocada a todos los argentinos.
Una de las maneras de ayudar a cerrar esta herida sería averiguar qué pasó con cada uno de los desaparecidos: quien los mató, cuándo y cómo murieron, dónde están sus restos; las respuestas básicas que podrían mitigar el dolor de sus seres queridos.
Nos referimos a todos los involucrados en esta guerra, de uno u otro bando.
A esta altura, sostener que los desaparecidos fueron 30 mil es convertir el problema en falto de seriedad, en una bandera que sirve para que las organizaciones de DDHH hagan politiquería, ganen mucho dinero, obtengan una serie de prebendas de los gobiernos de turnos y se alejen más de la sociedad que cansada de uno y otros da la espalda al tema.
¿Cuáles pueden ser las cifras verdaderas?
En 2009, Graciela Fernández Meijide (integrante del ex FREPASO -Frente País Solidario- publicó un libro, La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, en la que recordó que la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) había recibido 7.380 denuncias, que se convirtieron en 8.960 con casos mencionados por otros organismos.
Y advirtió que “con el paso del tiempo, la lista fue depurada”, por lo cual intentó actualizarla, pero encontró que la secretaría de DDHH de la Nación no brindaba esa información. Tomó los listados de esa repartición y comprobó que incluían a 7.030 personas como víctimas de desaparición o ejecución sumaria y a otros 924 con datos incompletos.
Total: 7.954.
Fue al Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en la Costanera de la ciudad de Buenos Aires, y encontró los nombres de 8.875 personas, aunque desde 1969, a 1983. Por otro lado, en el libro Operación Primicia del periodista Ceferino Reato, que relata el ataque de Montoneros al Regimiento de Monte 29 de Formosa el 5 de octubre de 1975 en plena democracia peronista, se incluye un informe reservado realizado en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH, indicó que hasta el 14 de abril de 2010 se habían pagado indemnizaciones a los herederos de 7.500 víctimas de desaparición (cuando ya se encontraron los restos), desaparición forzada y ejecución sumaria (asesinados y muertos en enfrentamientos).
Pero, según informó la secretaría de DDHH el 15 de junio de 2010, a Reato, esa cifra abarcaba pagos a parientes de personas desaparecidas o muertas antes del golpe del 24 de marzo de 1976, que a esa fecha sumaban 1.130, por lo cual el número referido estrictamente a la dictadura llegaría a 6.370 casos.
Sin embargo, éste no sería el número definitivo ya que el secretario de DDHH de la Nació, Eduardo Luis Duhalde, no quiere dar a conocer los datos sobre el total de indemnizaciones pagadas, presuntamente para no agitar la polémica sobre cuántos fueron los desaparecidos.
Tampoco informa sobre el dinero pagado ni sobre los casos más polémicos, como los guerrilleros que murieron durante el ataque a un regimiento en Formosa el 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional. Duhalde también podría aclarar de dónde salió la cifra de 30 mil: Fernández Meijide sugiere que pudo haber sido inventada por los exiliados en Europa para lograr una mayor repercusión a sus denuncias ante organismos internacionales.
El gobierno no está solo en el manejo de esos datos: lo respaldan sus aliados en los organismos de DDHH, como Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto. Uno debería suponer que estos dirigentes deberían estar deseosos de saber lo que pasó con sus seres queridos, pero no es tan así.
El 17 de diciembre de 2001, el periodista Rafael Saralegui publicó una nota en La Nación sobre la ubicación de los restos de Raúl, uno de los hijos de Bonafini, que estaba sepultado como NN en el cementerio de Ezpeleta.
Era una información que provenía de la Cámara Federal de La Plata, pero Bonafini se negó incluso a conocerla.
“No hay ningún juez, ni fiscal, ni diputado, ni presidente que tenga estatura moral para meterse en mi vida privada.
Nunca voy aceptar la muerte, ni la reparación económica, ni la exhumación de cadáveres.
Si yo no lo investigué, nadie tiene autoridad para hacerlo. Mis hijos están vivos”, declaró al sorprendido periodista.
Finalmente es de destacar que las conocidas Madres de Plaza de Mayo se dividieron en dos la histórica que agregó “Línea Fundadora” mantiene la democracia interna y la que lidera Bonafini se denomina “Asociación” de neto corte verticalista y políticamente enrolada en el kirchnerismo.
En lo que hace a las Abuelas de Plaza de Mayo hemos elaborado y distribuido un documento.
Centro de Estudios Regionales
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